El viceministro de Relaciones Exteriores, Pablo García Sáenz, indicó que, debido a lo limitado de los recursos no ofrecen a los migrantes “ir a las cortes en cada caso de migración”, por lo cual se deben apoyar en abogados pro bono, que no cobran a los migrantes, y que son coordinados por los consulados.
Según García Sáenz, los abogados de los 19 consulados ofrecen asesoría legal a todo tipo de migrante, menor, adulto, o menor no acompañado; por ejemplo, para evitar que sean víctimas de estafas de parte de personas que les ofrecen solución a sus casos por cantidades muy elevadas.
El analista en temas migratorios Pedro Pablo Solares consideró que un migrante tiene menos posibilidades de obtener un beneficio migratorio cuando no es representado por un abogado idóneo. Añadió que el ministerio de Relaciones Exteriores tiene un presupuesto muy pequeño y que hay un trabajador consular por cada 20 mil guatemaltecos en EE. UU., por lo cual ofrecer asesoría legal por cada caso en estos momentos es “imposible”.
Solares añadió los casos judiciales de migración de guatemaltecos que están pendientes de resolverse pueden ser “miles”.
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“Solamente en menores se acaba de revelar que hay dos mil guatemaltecos pendientes en las cortes, aparte están los adultos que deben ser citados debido a lo saturado del sistema migratorio”, añadió el experto.
Trabajan en reunificación
Las autoridades guatemaltecas desconocen, de momento, la cantidad de menores de edad que fueron separados de sus familias y que están pendientes de ser reunificados, un día después de que venciera el plazo judicial impuesto al gobierno de EE. UU. para que regresara a los padres a los menores de 5 años.
García Sáenz expuso que hoy los embajadores en Washington, D. C. de Guatemala, El Salvador y Honduras sostendrán una reunión con funcionarios estadounidenses donde cruzarán información con los consulados para verificar el estado de cada uno de los menores.
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De momento la información oficial es que las 11 familias que retornaron al país el pasado martes son las únicas que se han reunificado y que al menos 465 menores de edad que fueron separados durante el tiempo que estuvo vigente la política, serían guatemaltecos.
“La reunión de hoy servirá para ver cuántos son los menores que tiene Estados Unidos con los que nosotros hemos podido corroborar en las visitas a albergues”, añadió el funcionario, quien hizo el llamado a las familias que requieran asistencia en aquel país que se acerquen a alguno de los 19 consulados y si se encuentra en Guatemala que acuda a la Cancillería.
Según García, las familias que están por ser reunificadas no enfrentan un proceso judicial y sus casos no llegan a las cortes judiciales ya que el menor permanece en un albergue del Departamento de Salud a la espera de que se encuentre un familiar idóneo que pueda hacerse cargo de él.
Espera noticias de su hija
En Guatemala Nasario Jacinto, quien fue separada de su hija en EE. UU. espera en San Juan Ixcoy, Huehuetenango, noticias de su hija, Filomena, de 5 años, quien se encuentra en un albergue de Nueva York. Nasario fue deportado el pasado 21 de junio y su hija se encuentra sola en aquel país.
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Consultado vía telefónica sobre si ha averiguado cómo avanza el caso de su hija, indicó que lo último que le dijeron es que “va a tardar un poco”. Añadió que cada semana se comunica con Filomena y ella le dice que “está triste y llorando”, pero que él le dice que están preocupados y que luchan por recuperarla.
“La verdad es que seguimos tristes, pero esperamos en Dios que la otra semana o unas dos semanas más se pueda averiguar. Yo quiero que mi niña se venga para Guatemala, no quiero que se quede por allá”, indicó Nasario.
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Pruebas de ADN
Y mientras el proceso de reunificación avanza lento, en EE. UU. un medio de comunicación publicó que autoridades estadounidenses pidieron a cuatro mujeres que fueron separadas de sus familiares que paguen el costo de las pruebas de ADN si quieren volver a ver a sus hijos.
El medio Daily Beast cita declaraciones del abogado Rubén García, director de un refugio para migrantes de El Paso, Texas, quien afirma que ninguna de las mujeres cuenta con recursos para costear ese examen.
El medio informó que se trata de tres madres y una mujer que quiere reunirse con su hermano de 3 años. Iliana Holguín, una abogada de migración en El Paso, también citada por el mismo medio, precisó que el costo de una prueba de ADN puede estar entre los US$700 y US$800.
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