Guatemalteca lleva más de cinco años en prisión preventiva en México

Los días pasan y Juana Alonzo Santizo pasa el tiempo en una prisión de Reynosa, sin que se inicie el juicio para esclarecer los hechos por los que fue acusada alguna vez y de los cuales, asegura, es inocente.

Los migrantes se exponen a la violación de sus derechos fundamentales. (Foto Prensa Libre: EFE)
Los migrantes se exponen a la violación de sus derechos fundamentales. (Foto Prensa Libre: EFE)

Cuando salió de su natal San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, Juana Alonzo Santizo no imaginó el calvario o, mejor dicho, la pesadilla que le tocaría vivir en México.

Su fin era llegar a EE. UU. pero se quedó cerca, en la frontera de Reynosa, Tamaulipas, donde permanece detenida desde diciembre del 2014, acusada de colaborar con traficantes de personas, algo de lo que no ha tenido oportunidad de defenderse, aparentemente, por falta de voluntad de las autoridades mexicanas.

La historia de Alonzo Santizo comenzó en agosto de ese año cuando, como miles de guatemaltecos, decidió migrar a EE. UU. en busca de mejores oportunidades de vida. El coyote ofreció llevarla hasta ese país, pero ya en Reynosa, fue secuestrada por una banda de traficantes y encerrada junta con otras mujeres en una casa privada donde fueron forzadas a trabajar.

En ese entonces, la migrante guatemalteca no hablaba español, solo chuj, su idioma materno.

Su testimonio fue recogido en una nota que publicó en agosto del 2018 la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), en México, en donde relata que   dos de las mujeres que lograron escapar denunciaron a Alonzo de ser parte de la banda, por lo cual la policía la detuvo en noviembre del 2014 bajo cargos de tráfico de personas.

Otros medios recogen que las mujeres al escapar denunciaron la ubicación del inmueble y cuando llegó la policía aún estaba ahí Alonzo y la detuvieron.

Sin embargo, la migrante guatemalteca no tuvo nunca acceso a un abogado, ni oportunidad de defenderse porque no entendía de que la acusaban. Según Oacnudh de México, que la visitó en prisión, fue amedrantada, golpeada y obligada a firmar una declaración donde se auto incriminaba el hecho.

Juana Alonzo, durante la visita de personal de la Oficina del Comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos. (Foto: Cortesía)

 

Pero Alonzo no tenía ni la menor idea de lo que había firmado, seguía sin saber hablar español y por lo tanto sin poder comunicarse con nadie, no fue sino hasta años después que luego de esforzarse por aprender ese idioma comenzó a entender ciertas palabras y su caso se mediatizó.

La familia se enteró del paradero de Juana hasta cuatro años más tarde y ahora ruega por su liberación. En una noticia publicada por El Mañana, en febrero del 2018 la migrante guatemalteca pide a las autoridades que la dejen volver a su hogar porque “no hice nada para merecer estar aquí”.

En pasado 25 de noviembre, la organización Movimiento Migrante Mesoamericano documentó el momento en el que Juana se reúne por primera vez en cinco años con su padre, y en una publicación denunció que la indígena guatemalteca está “encarcelada injustamente” ya que fue acusada “sin intérprete y con violaciones al debido proceso”.

No quieren reconocer sus errores

 

Alma Delia Reyna es una activista de derechos humanos de Reynosa que al enterarse del caso comenzó a acompañar a Alonzo. La ha visitado a la cárcel, organizado marchas por su libertad y luchado porque el caso se agilice.

Lamentablemente, asegura, “las autoridades están encaprichadas en condenar a Juanita”. Por ejemplo, afirma que un juzgado federal resolvió el año pasado la reconstrucción de los hechos; sin embargo, los policías que participaron en la detención ya no están activos e incluso, se ignora el paradero de las mujeres que denunciaron el hecho.

 

 

Además, denunció que a las audiencias nunca se presentan las partes acusadoras por lo cual las diligencias se posponen hasta seis meses al final de los cuales vuelve a pasar lo mismo.

Reyna aseguró que lo que corresponde es la liberación de Alonzo puesto que el expediente confirma que hubo por lo menos dos violaciones al debido proceso: no contó con traductor que la asistiera y no estuvo presente ninguna autoridad del consulado de Guatemala en Monterrey, que es el que debió presentarse por la cercanía.

Por si eso fuera poco, añade Reyna, Alonzo fue golpeada y torturada, situación que también consta en el expediente porque estos vejámenes habrían sido certificados por un médico.

Acerca de cómo fue que la migrante guatemalteca se inculpó, Reyna coincide en que hubo un momento en que “a ella le dijeron que si firmaba todo iba a salir y ella respondía que sí a todo” porque no comprendía el español.

Y aunque las autoridades se niegan a dar información y de que no ha habido avances significativos, Reyna tiene claro que el caso está estancado porque las autoridades “no quieren reconocer que cometieron errores y que violaron los derechos fundamentales de Juanita”.

Angustiada, Reyna dice: “Ya no sé cómo consolar a Juanita ni qué decirle, lo único que puedo tal vez es pedirle que no se desespere”. Además, pide a las autoridades guatemaltecas que ejerzan más presión y que exijan a México que responda, para que Alonzo sea tratada como el resto y se respeten sus derechos”.

“No depende del consulado”

 

Pero el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) asegura que personal del Consulado de Guatemala en Monterey “realiza visitas frecuentes para verificar el estado de ánimo y de salud” de Alonzo, aunque reconoció que “lastimosamente el caso no ha tenido mayores avances” puesto que “no depende del consulado”.

Fotografía de la oenegé Movimiento Migrante Mesoamericano, en donde aparece Juana Alonzo cuando se reunió por primera vez en cinco años con su padre, Antonio Alonzo. (Foto: MMM)

 

El Minex informó que también se han reunido con autoridades de la fiscalía para conocer qué pasos siguen, ya que, confirma, la audiencia de diciembre pasado se suspendió porque nadie se presentó, ni siquiera el abogado defensor.

Confirmó que estos procedimientos ya se han efectuado con anterioridad pero la justicia no ha podido localizar a los policías que la aprehendieron puesto que ya no están de servicio.

La Procuraduría de los Derechos Humanos, a través de la Defensoría de la Población Migrante y Desarraigada ha dado seguimiento a este proceso desde que había una denuncia por la desaparición de Alonzo, y a través del responsable de esta unidad, Carlos Wolkte, expuso que “el caso refleja los riesgos y vulnerabilidades a las que se ven sometidos los migrantes guatemaltecos”.

Agregó que también evidencia “la poca voluntad de investigación de las autoridades mexicanas”.

“Se vulnera el debido proceso y la justicia efectiva ya que someten a las personas a condiciones censurables. Estar en detención cuando debió ser atendida como víctima… Eso violenta los derechos de Juana y de —otras personas— en casos similares”, subrayó Wolkte.

“El tema del idioma es uno de los retos que encuentran las personas mayas en la ruta migratoria y en el país de destino”, añadió Juan José Hurtado, director de la organización Pop Noj, que aborda la migración desde la perspectiva indígena.

Hurtado precisó que la organización conoce por lo menos otros dos casos, uno en México y otro en EE. UU., donde las personas hablaban solo mam y Kaqchikel y sufrieron vejámenes por no contar con intérpretes.

No dan razón

 

Prensa Libre intentó comunicarse con la Policía y la Fiscalía de Reynosa, pero ambas instituciones dijeron que desconocía cómo avanzaba el proceso. Al solicitarle información a la Embajada de México en Guatemala, esta refirió que esa información debía ser consultada con el consulado guatemalteco que es el que le da seguimiento.

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