“Es posible que miles de niños hayan sido separados durante una afluencia que comenzó en 2017, antes del conteo requerido por el tribunal, y el DHHS ha enfrentado dificultades para identificar a los niños separados”, dice el informe.
Datos oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés) indican que dos mil 816 niños fueron separados, de los cuales 159 aún están en resguardo del DHHS, pero los números podrían ser mayores.
La estimación de “miles” de casos, asegura el inspector, se basa en las entrevistas que efectuaron al personal de ese departamento, aunque no se pudo precisar el número con exactitud.
La Cancillería aún no se pronuncia a un requerimiento de postura que se les hizo.
Del total de menores separados, por lo menos mil 657 era guatemaltecos, de acuerdo con datos oficiales de autoridades guatemaltecas. Y hasta principios de noviembre pasado estaban pendientes de ser reunificados unos 200.
Desorden
La psicóloga Judith Erazo, investigadora del Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (Ecap) que ha estado involucrada en casos de reunificación familiar en Guatemala, no descartó que, en efecto, como lo dice el informe del DHHS haya un subregistro de las separaciones familiares por el “desorden muy grande” cómo se manejó la custodia de los niños el año pasado.
“Nosotros hemos comprobado con gente con la que trabajamos en EE. UU. que ha sido muy dificultosa la ubicación de los niños, porque lo hicieron sin registrarlos adecuadamente”, expuso Erazo.
Añadió: “Al mover a los niños separadamente de los familiares no llevaron los registros de dónde quedaban los, así está costando mucho que identifique a donde fueron a parar”.
De acuerdo con la profesional, el desorden pudo deberse a que muchas instituciones se involucraron en el cuidado de los menores que fueron separados y no siguieron un protocolo preciso.
“Me parece asombroso que EE. UU no tenga esos controles. Las cifras de Guatemala no son precisas porque se hacen con base a lo datos que los cónsules han levantado”, añadió.
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Respuesta
Al respecto de un posible subregistro de familias separadas, una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés) dijo a medios estadounidenses que el inspector general del DHHS no contaba con evidencias para hacer tal afirmación
No obstante, reconoció que en el 2017 la Patrulla Fronteriza sí llevó a cabo separaciones familiares, pero por razones justificadas; 46 por irregularidades o sospechas de “fraude” y mil 109 por cuestiones de su salud o su seguridad del menor.
Sin embargo, el reporte del DHHS señala que el DHS no proporcionó detalles del supuesto historial criminal de los padres de las familias que fueron separadas en el 2017.
Katie Waldman, otra portavoz del DHS, aseguró que los infantes fueron separados no solo porque sus padres ingresaron de manera ilegal a EE. UU., sino porque en el proceso se descubrió que quien llevaba al niño no era el padre o el tutor legal, el niño estaba en riesgo o porque el adulto ha cometido algún delito criminal grave.
Dura medida
Entre mayo y junio del 2018 el gobierno estadounidense, como una medida de disuasión a la migración ilegal, ordenó que los padres fueran separados de sus hijos y que los adultos enfrentaran cargos criminales.
Ya en octubre pasado, Amnistía Internacional había advertido en un informe que hasta seis mil familias podrían haber sido separadas por Tolerancia Cero.
Trump dio marcha atrás con esta medida el 20 de junio del 2018 luego de las críticas que desató en todo el mundo. Organizaciones humanitarias la calificaron como “cruel” e “inhumana”.
Siete días después, el juez federal de San Diego, Dana Sabraw, ordenó al gobierno estadounidense la reunificación de todas los menores en un plazo máximo de 30 días y de los menores de 5 años en 15.
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