Leticia explicó que tomó la decisión de abandonar Guatemala junto a su hija después de recibir dos amenazas de muerte de una banda callejera.
“Venimos a EE. UU. buscando refugio de la violencia de nuestro país, pero en vez de ofrecernos seguridad, el Gobierno estadounidense nos atormentó a mí y a mi hija”, relató la joven.
Leticia forma parte de un grupo de seis familias de inmigrantes que presentaron un reclamo individual contra la Administración de Trump, bajo la Ley Federal de Demandas por Agravio (FTCA, en sus siglas en inglés), con la ayuda del Consejo Estadounidense de Inmigración.
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Después de ser reunificadas cuatro meses después de ser separadas, Leticia notó que su hija estaba “diferente” y “tenía muchas pesadillas”.
“Me despierto con sus gritos de ‘mamá, mamá’ mientras duerme. Si hoy en día hace algo mal o se le cae algo al suelo, llora y me suplica que no le pegue. No sé de dónde viene este temor, porque yo nunca le pegué”, continuó.
Entre quienes forman parte de la demanda también se encuentra Elena, de 35 años, otra guatemalteca que fue apartada de su hijo de 12 años en marzo de 2018, tras cruzar la frontera en el estado de Arizona.
De acuerdo a la reclamación judicial, Elena y su hijo, Luis, tuvieron que abandonar Guatemala después de que un grupo callejero amenazara a ambos de muerte si el menor no se unía a ellos.
Elena y Luis pasaron dos días con 20 personas más en una “hielera”, habitación con temperaturas muy bajas en las que la Patrulla Fronteriza (CBP, en sus siglas en inglés) mantiene detenidos a los inmigrantes que acaba de arrestar.
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Ambos denunciaron que solo recibieron una sopa fría para comer y que no había camas para dormir.
Al segundo día, las autoridades sacaron a Luis de la “hielera” y lo llevaron a un centro de detención en Nueva York, a más de cuatro mil kilómetros de distancia de su madre.
Según su relato, estuvieron separados durante 77 días.
Ante estas situaciones, el director adjunto del Centro Nacional de Justicia de Inmigración, Mark Fleming, señaló que la demanda en contra del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en sus siglas en inglés) y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS, en inglés) “busca US$3 millones para cada madre e hijo” por los daños ocasionados.
“Trump implementó esta política para intencionalmente causar daño y miedo en estas familias. Tuvo éxito, con consecuencias devastadoras”, añade Fleming.
Los casos de Elena y Leticia son dos de los seis que denunció este lunes el Consejo Estadounidense de Inmigración, una organización que lucha por los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos.
Las medidas conocidas como de “tolerancia cero”, aplicadas por el Gobierno de Trump en mayo pasado, enviaron a los padres a custodia penal y a los niños a refugios financiados con fondos federales supervisados por el DHHS.
El plan supuso entonces la separación de casi tres mil familias, de acuerdo a datos oficiales.
Tercer caso
Medios estadounidenses dan cuenta de un tercer caso de una guatemalteca que demanda al gobierno por daños y perjuicios. Se trata de Angélica una mujer que fue separada de su hija de 8 años en mayo del año pasado y que un oficial de la Patrulla Fronteriza se habría dirigido a ella en tono burlesco deseándole “feliz Día de las Madres”, 24 horas después de que le habían arrebatado a su hija.
Según una nota publicada en junio pasado por el medio ABC, en una conferencia de prensa Angélica afirmó:
“El día después de que me detuvieron, me sacaron de la celda y … me dijeron que iban a llevar a mi hija muy lejos”.
Agregó: “Uno de los oficiales me preguntó: ‘En Guatemala, ¿celebran el Día de la Madre?’ Cuando respondí que sí, dijo: “Entonces, feliz día de la madre”, porque el domingo siguiente se celebraba el día de la madre. Bajé la cabeza para que mi hija no viera lagrimas en mis ojos”.
Contó que “al día siguiente nos levantaron a las 5 de la mañana y nos llevaron a un remolque, y me dijeron que me bañara y vistiera a mi hija. Abracé a mi hija y le dije que no tenía que llorar”.
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