Esas actividades educativas y recreativas “no son directamente necesarias para la protección de la vida y la seguridad”, dijo al Post Mark Weber, portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS, en inglés).

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Mientras tanto, funcionarios federales presionan al Congreso estadounidense para que desembolse US$2 mil 900 millones en fondos de emergencia para atender a los menores, que provienen principalmente de Guatemala, El Salvador y Honduras, huyendo por la violencia, la falta de oportunidades o buscando la reunificación familiar en Estados Unidos.

Según Weber, la crisis que enfrentan las agencias podría dejarlos sin dinero a finales de junio.

El Post observó que esta suspensión de actividades podría reñir con un acuerdo de un tribunal federal de 1997 que establece estándares para el cuidado de menores en custodia.

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Citado por el diario, Carlos Holguin, abogado que representa a menores migrantes y que estuvo en conocimiento de ese caso, dijo que lo que está haciendo la administración de Trump es ilegal.

“Los veremos en la corte -a los federales- si lo llevan a cabo”, dijo Holguin, quien defiende que estas actividades son importantes para la salud física y mental.  “¿Qué sigue? ¿Agua potable? ¿Comida? ¿Dónde van a parar?” criticó.

Incluso entre los mismos trabajadores de los refugios hay preocupación por las medidas adoptadas, pues muchos cuestionan qué harán los menores todo el día, más allá de que estar sentados, de acuerdo con el diario.

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Las cifras más recientes indican que 40 mil 800 menores no acompañados están bajo custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos -57 por ciento más que en 2018-.

La ley establece que las agencias federales deben trasladar a los menores detenidos a refugios apropiados, luego de dejar los centros de detención, a la espera de que los servicios sociales encuentren a un patrocinador, que generalmente es un familiar.

No obstante, en una comunicación interna del Departamento de Salud y Servicios Humanos donde se oficializan los recortes de esas actividades, un funcionario califica de “inadmisible” los gastos que esto representa.

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