El Tribunal Supremo Electoral (TSE), a través del Instituto de Formación y Capacitación Cívica Política, trabaja en conjunto con Paiz y Méndez en capacitaciones a dirigentes de organizaciones políticas y empresarios sobre financiamiento y la reforma electoral.

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Estas acciones se deben a que ambas obtuvieron un criterio de oportunidad otorgado por Erika Aifán, jueza de Mayor Riesgo D, con la que adquirieron una serie de obligaciones, como reparar el daño ocasionado y asegurarse que no vuelvan a cometer el delito de financiamiento electoral no reportado al partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).

Las empresarias entregaron al TSE unos Q2.9 millones para fortalecer la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión, así como la Unidad Especializada de Control y Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos, creadas en el 2017.

El jefe del Instituto de Formación y Capacitación Cívica Política, Eddie Fernández, explicó que ellas pagaron cierta cantidad de dinero como resarcimiento al Estado, crearon métodos de capacitación e impresión de material que servirá para explicar sobre el financiamiento a las organizaciones políticas.

“Tuvieron que presentar una propuesta de capacitación. En el documento del acuerdo se estableció que se tenían que hacer con organizaciones políticas, con financistas o posibles financistas. Nosotros nos pusimos de acuerdo con los contenidos y los temas. El acuerdo decía que tenían que proponer expertos, pero nosotros consideramos que lo más prudente es que sea el personal experto del Tribunal el que impartiera los cursos”, señaló Fernández.

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El funcionario manifestó que se programaron tres jornadas de capacitación. En la primera se capacitó sobre la reforma electoral y el régimen de las organizaciones políticas, en una segunda jornada se habló específicamente sobre el instructivo para la rendición de cuentas de los partidos y el instructivo para las organizaciones políticas, y el viernes próximo será la última jornada, que tratará sobre delitos electorales y sus consecuencias.

“A estas capacitaciones fueron invitadas unas cien personas, 60 de organizaciones políticas y el resto del sector empresarial. Se invirtió al menos Q2.9 millones y, además, una de ellas imprimió cinco mil afiches con información sobre el financiamiento de los partidos políticos, relacionada con lo que dice la ley sobre la regulación del financiamiento de los partidos políticos”, dijo Fernández.

Retiro de inmunidad al presidente

La investigación por la que ambas empresarias recibieron el criterio de oportunidad llevó a que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) solicitaron el retiro de la inmunidad al presidente Jimmy Morales en el 2018.

Las pesquisas determinaron que el partido que llevó a Morales a la presidencia recibió dinero de un grupo de empresarios que están procesados por financiamiento electoral no registrado, ya que entregaron al menos Q7.9 millones a la organización política para la primera y segunda vuelta electoral del 2015, para el pago de fiscales electorales.

Para el periodo entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, el partido FCN-Nación reportó al TSE la cantidad de Q3 millones 130 mil 395.44 provenientes de financiamiento privado, y no reportó aquellos Q7.9 millones.

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En el rubro al pago a fiscales para la primera y segunda vuelta, el FCN-Nación reportó un gasto solo de Q103 mil 706.

No obstante, la investigación determinó que, solo en pago a fiscales de mesa, la organización política gastó Q7 millones 119 mil 300, es decir, Q7 millones 15 mil 594 más de lo reportado al TSE.

Los pagos fueron realizados directamente por empresas a los fiscales del partido y el gasto no fue reportado al TSE.

Luego de un proceso en el Congreso, los diputados mantuvieron la inmunidad a Morales.

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