La baja ejecución presupuestaria es un síntoma de incapacidad para concretar las acciones planificadas, y peor aún, de que en la segunda parte del año “se correrá” para gastar a como de lugar los recursos sacrificando así la calidad del gasto y la construcción de obras en beneficio de la población.

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De acuerdo con datos de portal Transparencia Fiscal del Ministerio de Finanzas, hasta el 31 de mayo el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua) había ejecutado apenas el 6.38 por ciento de su presupuesto que es de Q34 millones.

La Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh) registraba un gasto de 8.28%, de un presupuesto de Q182.7 millones, mientras que a este grupo de tres instituciones, cuya ejecución no sobrepasa un dígito, se suma el Fondo de Tierras con el 9.47% de su presupuesto ejecutado, de Q278 millones que tiene asignado.

De acuerdo con los datos de Transparencia Fiscal, estas entidades gastaron en los primeros cinco meses del año solo en funcionamiento, básicamente sueldos y salarios.

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Conamigua, por ejemplo, había gastado hasta el viernes pasado Q2 millones 610 mil, de los cuales Q1 millón 713 mil se pagaron en personal fijo y temporal, dietas y gastos de representación, así como para otras prestaciones relacionadas con el pago de salarios.

En ese mismo sentido, Corepdeh había gastado a la misma fecha Q15.1 millones, de los cuales Q8.7 millones se utilizaron para el pago de esos rubros, y Fontierras, de Q26 millones 310 mil ejecutados, para estos gastos utilizaron Q20 millones 181 mil.

Reconocen retrasos

Los responsables de estas tres instituciones que reflejan una baja ejecución presupuestaria reconocen que han tenido problemas, y que esperan superar los obstáculos en lo que avanza el año.

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Carlos Narez, secretario ejecutivo de Conamigua, expuso que han tenido problemas hacer licitaciones porque no cuentan con personal 0-11 que esté legalmente autorizado para participar en las juntas de licitación. Afirmó que han solicitado apoyo a otras instituciones del gobierno para que personal externo pueda participar en esos procesos.

El funcionario propone una reestructuración administrativa de Conamigua para agilizar los procesos de contratación. “Esperamos tener resuelto el tema en el segundo cuatrimestre para elevar nuestra ejecución”, acotó Narez.

En cuanto a la Copredeh, el departamento de Comunicación justificó que el porcentaje de ejecución se refleja bajo porque en el monto total del presupuesto se incluyen Q142 millones que corresponden al pago de los afectados por la construcción de la Hidroeléctrica Chixoy en los años 80 -Q100 millones- y por sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos -los restantes Q42 millones-.

Sin embargo, esos recursos también forman parte del presupuesto de Copredeh y la oficina de comunicación afirmó que en el caso de Chixoy los pagos deben ser aprobados por otras “instancias”, y las sentencias se pagarán en el segundo y tercer cuatrimestre del año.

Culpa del sistema

Respecto de Fontierras, el gerente Axel Humberto López, explicó que la ejecución presupuestaria se ha visto afectada por problemas en la regularización de operaciones en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), por la vinculación de cuentas virtuales, ya que a partir del ejercicio fiscal 2019 se comenzó a gastar el presupuesto por resultados.

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“Se tiene proyectado que para el presente cuatrimestre la ejecución se eleve a un 50%, derivado del desembolso y regularización de créditos del Programa de Arrendamiento de Tierras y Capitales de Trabajo”, añadió López, aunque esto dependerá de que el Ministerio de Finanzas regularice las operaciones.

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Hay riesgo de que no se ejecute bien

Sin embargo, a pesar de las justificaciones que brindan las instituciones, lo cierto es que si no se ejecuta el presupuesto es imposible medir si hay buenos resultados.

Davis Casasola, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), expuso que, aunque puede haber muchos factores que explican la baja ejecución presupuestaria en las instituciones del estado, lo que es un hecho es que de que estas tendrán menos posibilidades de cumplir con sus objetivos.

“Lo que podemos concluir es que una baja ejecución pudiera asociarse a que las entidades no han generado los resultados que se comprometieron a generar con los recursos que solicitaron para este año”, subrayó Casasola, por lo cual este indicador puede ser una señal de que las instituciones no funcionan adecuadamente.

Para el experto, no puede descartarse el riesgo de que las instituciones, en su afán de ejecutar el presupuesto en la segunda parte del año, sacrifiquen la calidad del gasto o prefieran dejar por un lado proyecto grandes que requieren de un proceso de licitación y por lo tanto necesitan más tiempo para comenzarse, pero que a la larga suelen ser lo que más benefician a la población.

“Si siguen con baja ejecución es un tipo de riesgo que puede existir -gastar sin calidad-, hay muchas instituciones que logran ejecutar y hacen todo en ley, pero terminan aprobando bonos o beneficios salariales que no están atados a un mejor desempeño”, puntualizó Casasola, por lo cual es necesario revisar en que se han gastado los recursos aquellas instituciones que han sido efectivas para ejecutar.

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