En febrero, el gobierno pidió al Congreso que le autorizara colocar Q1 mil 200 millones de esos bonos consignados, con el argumento de que la negociación de los créditos requeriría más tiempo, debido a que los organismos internacionales exigían condiciones como reformar la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria.
En la propuesta se solicitaba vía libre para readecuar las fuentes de financiamiento que permitiría dotar de recursos a instituciones como el Ministerio Público y la Universidad de San Carlos.
A partir de ese momento comenzó una fuerte discusión en el Congreso que llevó a modificar en más de cinco oportunidades la llamada readecuación presupuestaria.
Después de varios cambios, que hasta incluía el pago de cámaras de videovigilancia que se dijo favorecería a allegados a la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y de Todos, finalmente se aprobó ayer la propuesta en la que se eliminaron esos destinos y se crearon otros.
Los nuevos beneficiarios son la Corte de Constitucionalidad, el Instituto de la Defensa Pública Penal y el Instituto de Ciencias Forenses, cada uno con Q20 millones.
El operador
Aunque no es del partido oficialista fue el presidente del Congreso, Mario Taracena, quien se encargó ayer de buscar las firmas para respaldar la enmienda que modificó por casi sexta vez la readecuación.
Aunque hubo dudas al principio del apoyo que podría tener, ningún congresista se movió de su curul hasta que se aprobó el decreto.
La nueva ley autoriza una ampliación de Q700 millones al techo presupuestario, siempre que haya donativos externos o se ejecuten préstamos autorizados que no tengan espacio presupuestario.
El decreto obliga al Estado a publicar la nómina de personal permanente de las entidades de Gobierno. Esta debe contener salarios, retribuciones y puestos de los trabajadores. Al mismo tiempo, se instruye al Ministerio de Finanzas a presentar un plan de contención del gasto.
Destinos específicos
Las deficiencias netas que se le adeudan al Banco de Guatemala serán utilizadas para el pago del servicio de la deuda pública.
Se exceptúa a la Presidencia y Vicepresidencia y sus secretarías, así como a los ministerios de Economía, Finanzas, Trabajo y de Relaciones Exteriores de la restricción para uso de recursos en viáticos y gastos de representación y telefonía celular.
Al Ministerio de Gobernación se le otorgan Q300 millones. De ellos, Q250 millones serán para vehículos y Q50 millones para arrendamiento de edificios.
A Salud se le dota de Q465 millones, que deberán usarse en la adquisición de medicamentos y equipo quirúrgico. Se prohíbe el pago de deuda y para contratación de personal.
Al Ministerio Público se le otorgaron Q490.8 millones. De ellos, Q250 millones serán para el proyecto de fortalecimiento a la persecución penal y Q100 millones para inversión.
Ampliación
El Organismo Judicial recibirá Q320 millones para la ampliación de órganos jurisdiccionales que conozcan delitos tributarios.
A la Corte de Constitucionalidad, al Instituto de la Defensa Pública Penal y al Instituto Nacional de Ciencias Forenses se le otorgaron Q20 millones a cada una. Ese fue el cambio de último momento.
La Universidad de San Carlos recibirá Q50 millones, y el fideicomiso del transporte. El Pinpep tendrá una asignación de Q126.6 millones.
La CGC recibirá un aporte extraordinario de Q30 millones; de ellos, Q15 millones se utilizarán en la nómina de personal. Para cubrir el incremento de Q500 a los pensionados del Estado que devengan menos del salario mínimo, se asignaron Q300 millones.
En la propuesta del Ejecutivo se solicitaba aprobar la colocación de Q1 mil 633.6 millones en bonos del tesoro, que se repartirían en Q490.8 millones para el MP, Q195 millones para el OJ, Q400 millones para la Usac, Q150 millones para el fideicomiso del transporte, Q271.2 millones para el Programa de Incentivos Forestales y Q126.6 millones para el Programa de Incentivos Forestales para poseedores de pequeñas extensiones de tierra de vocación forestal o agroforestal.
