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En la sesión de jefes de bloques del Congreso la Junta Directiva propuso que la iniciativa 5300, reformas a la Ley en Materia de Antejuicios, se discutiera en primer debate el martes y en segundo debate el miércoles.
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La propuesta de la Directiva fue avalada por la mayoría de jefes de bloques, sin mayor discusión.
La principal reforma que propone la iniciativa mencionada es al artículo 16 de la Ley en Materia de Antejuicio donde menciona que cuando un juez tenga conocimiento sobre una denuncia o querella presentada en contra de un funcionario que goce del derecho de antejuicio este se inhibirá y en un plazo no mayor de tres días hábiles trasladará el expediente directamente al organismo competente.
Según el Artículo 165, literal H, de la la Constitución Política de Guatemala, al Congreso le compete declarar si ha lugar o no la formación de causa contra el presidente, vicepresidente, magistrados de la CSJ, Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad, ministros, secretarios y los procuradores de los Derechos Humanos y General de la Nación.
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Con el cambio propuesto se elimina directamente el filtro que actualmente se tiene la CSJ con los funcionarios mencionados, por lo que el Congreso podrá conocer de primera mano todos los expedientes lo cual ya ha sido considero como una posibilidad para aprovechar intereses particulares.
No es nuevo
La intención de reformar la Ley en Materia de Antejuicio no es nueva, pues el pasado 6 de marzo, el Congreso ya había acordado conocer el mismo proyecto de ley en primera lectura.
En esa ocasión el abogado constitucionalista Alejandro Balsells consideró “aberrante” la propuesta, señalando que los diputados “quieren chantajear a los magistrados, procuradores y funcionarios que ellos deben conocer el antejuicio”.
“La propuesta le quita el filtro de la CSJ, pues quieren que el juez remita directamente el expediente al Congreso. Eso quiere decir que con lo malo que son los diputados van a decidir la suerte de cualquier funcionario que les quiera poner control”, afirmó Balsells.
El constitucionalista explicó “que la República descansa en controles”, por lo que considera esa iniciativa “digna de un sistema autoritario”.
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Raúl Romero, congresista de Fuerza, integrante del Frente Parlamentario por la Transparencia, agregó que la iniciativa debilita el sistema.
“Veo que esto es en función de temas personales. La justicia siempre debe verse desde el punto de vista institucional y nunca personal”, señaló Romero.
El ponente de la Ley, Fernando Linares-Beltranena, quien además es presidente de la sala de trabajo que dictaminó favorablemente el proyecto, defendió el proyecto y señaló que solo busca que se cumpla la Ley.
Según el diputado, “tiene que existir cierta disposición del juez de Primera Instancia”, lo que significa que será él quien decida si la denuncia que se presenta constituye un delito.
“Por ejemplo, si llega una deuda contra el procurador general, el juez considerará que no es un delito y lo podrá descartar; es decir, hay límites, no quiere decir que absolutamente todo se tenga que mandar al órgano competente”, dijo Linares-Beltranena.
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Actualmente hay un denuncia de la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial en contra del procurador que está en la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso que deberá ser examinada y una solicitud de antejuicio que se pidió ayer en contra del procurador Rodas.
Rodas ha intervenido en la crisis política desde agosto de 2017, cuando solicitó un amparo, que concedió la Corte de Constitucionalidad (CC) y que impidió la expulsión del director de la Cicig, Iván Velásquez.
Asimismo, planteó en la Corte Suprema de Justicia un amparo para evitar que Anders Kompass, embajador de Suecia, sea retirado del país a petición del Gobierno.
El sábado último, presentó dos amparos en la CC, ante la posibilidad de que no sea renovada la visa de Velásquez, y por la movilización de vehículos militares ante la sede de la Cicig.” transformer=”gsi.gn3quote.SCD_ColumnaRelacionadaNota_2017″ /]
Error
El 12 de marzo último el proyecto fue enviado de nuevo a la Comisión porque contenía errores.
Linares-Beltranena reconoció en ese momento que la iniciativa tenía errores de tipo mecanográfico y que por eso regresaba a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.
La falla del dictamen consistía en que en la redacción de la iniciativa daba a entender que el fuero de cualquier funcionario podría ser retirado si votaban las dos terceras partes de los diputados que lleguen a la sesión y no de los que integran el Congreso.
Sin embargo, Linares-Beltranena corrigió el error al ingresar una propuesta de enmienda a la iniciativa para que no tenga problemas en su interpretación, razón por la que fue agendada de nuevo para su discusión en el pleno.
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