En el informe la CGC destaca que el artículo 81 de la Ley de Contrataciones del Estado establece que “se incurrirá en fraccionamiento cuando una misma unidad ejecutora realice compras directas de baja cuantía o compras directas del mismo bien o servicio, durante un mismo cuatrimestre del ejercicio fiscal, cuya suma exceda el monto a partir del cual la cotización pública es obligatoria”.
Añade que “también se incurrirá en fraccionamiento cuando una misma unidad ejecutora realice varias cotizaciones de un mismo bien o servicio, dentro de un mismo ejercicio fiscal, cuya suma exceda el monto a partir del cual la licitación pública es obligatoria”.
La Contraloría considera que hay una “falta de aplicación de la normativa legal por parte del jefe del Departamento de Compras, al efectuar compras sin licitar y como efecto “las compras fraccionadas repercuten en un alza de los costos en detrimento del presupuesto de la Institución”.
Se recomendó al encargado del despacho de la Dirección General, para que gire instrucciones al director administrativo “para que verifique que los procesos de compras se realicen de acuerdo a la normativa legal”.
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Confirman hallazgo
Debido a estos argumentos la Contraloría confirmó el hallazgo para Federico Carrillo Estrada, quien es el director Administrativo, porque sus argumentos presentados no son suficientes para desvanecer el hallazgo.
La CGC considera que “las compras no se hicieron por productos, no se cargaron a los renglones que corresponden y no ingresaron a bodega, pues los trabajos de remodelaciones se contrataron como un servicio completo incluyendo suministros y mano de obra y fue cargado el total al renglón 171 de mantenimiento y reparación edificios”.
También señaló que “desde 2017 se elabora el Plan Anual de Compras, Plan Operativo Anual y Presupuesto; en los cuales se incluye la planificación a ejecutar de acuerdo a las necesidades de 2018 y los contratos de arrendamiento de inmuebles fueron renovados por dos años más a partir de su vencimiento y se agregaron otros más”.
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Por esta razón la CGC impuso una sanción económica a Carrillo Estrada por un valor de Q53 mil 15.
Prensa Libre consultó a la Dirección de Comunicación Social del Congreso sobre este hallazgo para saber qué medidas se tomaron y confirmó que el Organismo Legislativo “recibió hasta hoy —4 de junio— el informe oficial de la CGC donde se detalla ese hallazgo”.
“Se está realizando la evaluación correspondiente del tema y con base a dicha evaluación se tomará las decisiones de realizar las apelaciones del correspondientes, por el momento aún todo está bajo análisis”, respondió la oficina de Comunicación del Congreso.
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