En el ámbito social, ¿cuál es el balance del último año?
Es disparejo. Creo que en materia de educación está claro que lo que caracteriza es la inercia, no hay grandes mejoras y más bien los indicadores disponibles apuntan a que la matriculación en primaria continúa deteriorándose. En salud hemos visto a una ministra muy activa, con buena voluntad, con planes muy definidos y que enfrenta una posición muy intransigente de algunos diputados que han tratado de boicotear su actividad y que tampoco es favorecida por el gobierno en su conjunto. En empleo, yo diría que la situación sigue igual, bastante deplorable, con una economía caracterizada por un alto porcentaje de empleo informal y de subempleo.
Tasa bruta de matriculación preprimaria: 59.4%.
Años esperados de escolaridad: 10.7.
Tasa de alfabetización de adultos de 15 años o más: 78.3%.
Esperanza de vida al nacer: 71.8.
La tasa de mortalidad de mujeres por cada mil personas es de 126.
La tasa de mortalidad de hombres por cada mil personas es de 236.
Tasa de empleo en relación con la población de 15 años o más: 65.8%.
Trabajo infantil en niños y niñas de entre 5 y 14 años: 25.8%.
Trabajadoras del servicio doméstico: 8.8%.
Jóvenes de entre 15 y 24 años que no estudian ni trabajan: 29.8%.
Tasa de desempleo juvenil entre 15 y 24 años: 6.3%.
¿Habrá otros aspectos que afecten en lo laboral?
Hay dos luces de emergencia que se reflejan en lo internacional: la primera es que se prevé que a inicios del 2017 se conforme una comisión de encuesta por parte de la Organización Internacional del Trabajo. Eso implica una investigación a fondo sobre la posible violación a la acción sindical y una posible condena al país.
El segundo tema está relacionado con el Cafta —Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana—, en el que un panel de expertos dará a comienzo de año sus resultados y que puede llevar a una multa o, en todo caso, a un llamado de atención serio si no se avanza en en el tema de la inspección.
¿Las políticas sociales del Gobierno están satisfaciendo las necesidades de la población?
No. Comenzamos por señalar que no hay una estrategia de reducción de la pobreza en Guatemala. Esa es una tremenda deficiencia, debería ser una prioridad atender a los sectores pobres y más pobres y con una estrategia clara. Hay alguna atención a través de programas focalizados, las transferencias semicondicionadas, pero no hay una estrategia dirigida a esos sectores vulnerables.
¿Hubo acción o solo reacomodo para impulsar lo social?
Estamos en una larga transición. Hay que tomar en cuenta que este gobierno heredó de Otto Pérez Molina un Estado desestructurado, destruido, con un Ministerio de Desarrollo Social caracterizado por plazas fantasma y también programas clientelares. Hay que reconocer la dificultad que implica partir de nuevo y recuperar lo que es el desarrollo social. En todo caso se continúa manteniendo un estancamiento.
¿La gestión de Jimmy Morales queda en deuda?
Yo diría que el Estado guatemalteco está en deuda con las poblaciones vulnerables. El presidente Jimmy Morales tomó un Estado totalmente destruido, sin capacidad de iniciativa, con pocos recursos. Lamentablemente no se hizo una reforma que devolviera la capacidad para atender esos problemas.
¿Cuál debería ser la meta para el próximo año?
Habría que impulsar una verdadera reforma del Estado, que implica, por un lado, mejorar la capacidad técnica para responder a todos estos problemas. Eso parte, incluso, de una nueva Ley de Servicio Civil, y por otro lado asegurar suficientes recursos para que ese servicio civil renovado pueda actuar. Darle más capacidad a los ministerios claves como Educación, Trabajo y Salud, para poder actuar.
¿Qué debe hacer el Gobierno para mejorar?
Por una parte, tener una estrategia de reducción a la pobreza explícita, clara, de mediano plazo; y la otra es empezar una reforma del Estado que le dé la capacidad para realmente implementar esa estrategia.
¿Qué se debe hacer con los programas sociales?
Es indispensable una estrategia que le dé una orientación estratégica a todas las políticas sociales. A partir de eso, que se definan programas sociales específicos y no solo así puntales.
¿Cómo cierra Guatemala el año respecto de la pobreza?
No hay datos para este año, los últimos que tenemos son los del 2014, pero todo apunta a que no ha habido una mejora significativa porque las condiciones en el ámbito del empleo, de los salarios y los precios apunta a que la distribución del ingreso ha empeorado, y que las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables no han tenido una mejoría.
¿Cuál es el papel del ciudadano ante el Gobierno?
Aquí hay distintas actividades, desde la acción solidaria de familias y organizaciones sociales, la fiscalización de la sociedad civil y la organización política.
