El anuncio toma relevancia porque mañana martes a las 10 horas estaba programada la primera reunión de la pesquisidora, la cual fue suspendida esta tarde.

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Se trata de José Hernández Salguero, presidente; Raúl Romero y Leocadio Juracán, vocales.

Mientras tanto, Boris España, secretario de la instancia, es de la opinión que la comisión debe reunirse y analizar el escenario que se presenta para la pesquisidora. Elza Cú Isem, vocal de la comisión, no contestó las llamadas para saber su postura.

Uno a uno

La postura que ha tomado cada diputado ha surgido en horas recientes. Antes que se hiciera público que la sesión estaba suspendida, Romero señaló que no acudiría a ella porque había que acatar el fallo de la CC.

“En lo personal acato la resolución de la CC, que deja en suspenso el trabajo de la comisión pesquisidora”, aseguró Romero.

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Minutos después de Romero, el congresista Juracán dijo que acatará la orden de la CC y que por lo tanto no llegaría a la reunión de la comisión porque a su criterio las de esa instancia quedan suspendidas.

“Hay que actuar con responsabilidad para garantizar que la recomendación que se haga al pleno ayuden a tomar una decisión y, apegado a la legalidad, no podemos caer en desacato y desobedecer  una orden”, aseguró Juracán.

Ambos diputados señalaron que no están actuando por presiones ni amenazas, sino apegados a Derecho, en respuesta a si decisión tenía relación con la declaración que hizo el Ministerio Público donde en la cual señala que la pesquisidora debía suspender su trabajo.

Los diputados Raúl Romero y Leocadio Juracán, miembros de la Comisión Pesquisidora en contra de tres magistrados de la @CC_Guatemala señalan que acatarán el amparo provisional en favor de los magistrados. pic.twitter.com/A4JEdif3G4

— Carlos Álvarez (@calvarez_pl) January 28, 2019

En el caso de Hernández Salguero, acudió al Congreso al mediodía y afirmó que daría una conferencia de prensa junto a Romero y Juracán. Se suponía que los tres fijarían postura y anunciarían que la comisión detendría provisionalmente sus acciones, pero, luego de reunirse con diputados de la bancada a la que pertenece —Unión del Cambio Nacional—, envió un mensaje a sus colegas para indicarles que ya no llegaría.

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Durante la tarde, Hernández señaló que derivado al amparo provisional que establece que se debe dejar sin efecto toda actuación pendiente de la persecución de los magistrados de la CC se suspendían las actuaciones de la pesquisidora.

“Atendiendo a los depuesto por la CC es mi deber manifestar que la comisión pesquisidora no tiene materia que conocer, puesto que la resolución del amparo provisional dejó en suspenso las actuaciones hasta que se resuelva en definitiva”, afirmó el legislador.

El diputado señaló que por esa razón se suspende la reunión que había convocado para mañana a las 10 horas en la Casa Larrazábal. No precisó por qué ya no acudió junto a sus dos colegas a la conferencia de prensa.

Vía teléfonica, España aseveró que la pesquisidora necesita tomar una decisión como ente y se deberían reunir mañana martes para tomar una decisión respecto al amparo que dictaron los magistrados suplentes.

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“La convocatoria fue previo a la resolución, y ni somos magos o adivinos para saber que iba a ocurrir esto, por lo cual debe de darse y discutirse y ahí tomar la decisión conforme a la responsabilidad que nos asignó el pleno”, aseguró España.

España señaló que posterior a esto se debe informar al pleno del Congreso cuál fue la decisión que se tomó porque no es algo que se pueda hacer a título personal.

“La reunión debe celebrarse y como punto primero debe conocerse la resolución, escuchar a todos los miembros, tomar una decisión e informar al pleno”, aseveró España.

Habla de desobediencia

El Ministerio Público (MP) emitió un comunicado esta mañana en el cual la fiscal General, María Consuelo Porras, instruyó a las fiscalías correspondientes investigar la posible comisión de delitos “en torno al cumplimiento de las resoluciones dictadas por al Corte de Constitucionalidad”.

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Asimismo, el MP exigió “el pleno acatamiento y respeto a las decisiones judiciales para la consolidación del estado de Derecho”, por lo cual, según su consideración, “deben suspenderse las actividades de la comisión pesquisidora relativa a los magistrados de la CC”.

De lo contrario, advirtió, el ente encargado de la persecución penal “actuará de conformidad con la ley”.

El comunicado se publicó un día después de que un conglomerado de organizaciones sociales emitiera una carta abierta dirigida a Porras en la cual le piden investigar a los funcionarios públicos que, afirman, han cometido el delito de desobediencia al no acatar resoluciones dictadas por el máximo tribunal.

Desacuerdos

El  asunto llegó a la instancia de jefes de bloques. El diputado Orlando Blanco, jefe de la Unidad Nacional de la Esperanza, señaló que el pleno debería conocer y tomar postura sobre el amparo que emitió la CC en favor de los magistrados.

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“Debe de ser conocido por el Pleno, porque fue el pleno el que nombró la Comisión Pesquisidora y debe tomar una decisión al respecto. Es un punto importante para que el Congreso no caiga en ningún desacato”, afirmó Blanco.

Los diputados de la UNE hicieron referencia al comunicado emitido por el MP y que por eso debía conocerse. El presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, señaló que debido a que en la sesión que se celebrará mañana es la continuación de una interpelación no se puede conocer el despacho calificado y afirmó se leería en una sesión donde esté ese inciso.

Arzú Escobar agregó que la comisión pesquisidora ya fue notificado sobre el amparo y que es un ente autónomo por lo que dependía de sus integrantes acatar las órdenes emitidas por los tribunales.

Nineth Montenegro, jefa de Encuentro por Guatemala, consideró imperativo que se leyera la notificación de la CC al pleno. “Hay que hacer lo que la ley dice y evitar problemas al Congreso”, aseveró.

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Luego varios jefes de bloque más se sumaron a la petición de los diputados entre ellos el diputado Amílcar Pop, de Winaq, y Sandra Morán, de Convergencia, quienes indicaron que era necesario que el pleno del Congreso conozca la resolución.

Sin embargo, el diputado Estuardo Galdámez, primer secretario del Congreso y miembro de la bancada Frente de Convergencia Nacional, afirmó que a su criterio el trámite de antejuicio debe continuar.

“Leí esa resolución de amparo y en la parte toral dice que cese la persecución contra los magistrados de la CC. En ningún momento el Congreso está persiguiendo ilícitamente a los magistrados de la CC, lo que hace es conociendo por competencia la solicitud de antejuicio”, afirmó el congresista.

Agregó que no estaba de acuerdo en que se vulnerara “el derecho de vigilar del Congreso” y afirmó que más le parecía que “ya había iniciado una defensa oficiosa de los magistrados”.

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Mientras que Fernando Linares-Beltranena, del Partido de Avanzada Nacional, secundó la opinión de Galdámez  y señaló que la Comisión debe dar un dictamen.

“Lo que leyeron de la fiscal general no es una orden es una opinión, muchas personas pueden tener opiniones distintas, pero la ley en clara en cuanto a nuestras atribuciones. Nos corresponde conocer el antejuicio y creo que la Comisión debe hacerlo o si no incurre en responsabilidad”, agregó el congresista.

No pueden ser perseguidos

El 23 de enero último, la CC, integrada con suplentes, resolvió, de manera unánime, otorgar el amparo provisional solicitado por el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, a favor de los magistrados Bonerge Mejía Orellana, Patricia Porras y José Francisco De Mata Vela.

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Como consecuencia se dejó sin efecto toda actuación tendiente a la persecución de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad.

El pleno fue presidido por el magistrado Neftaly Aldana Herrera e integrado por los magistrados suplentes Henry Philip Comte Velásquez, María Cristina Fernández García y José Mynor Par Usen. Asimismo, se integró, por sorteo obligatorio, por el magistrado José Francisco De Mata Vela.

Los tres magistrados titulares son señalados por la Asociación Nacional de Dignatarios, integrada por exconstituyentes, de haber cometido prevaricato, resoluciones violatorias a la Constitución y abuso de autoridad.

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