El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), presentó ante la Corte de Constitucionalidad (CC) una acción legal contra tres artículos de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEP).

El Cacif informó este 9 de noviembre que, congruente con las preocupaciones manifestadas desde el proceso electoral de 2019, “el sector empresarial organizado presentó hoy ante la Corte de Constitucionalidad, una acción contra la Ley Electoral y de Partidos Políticos”.

Explica en el comunicado que en varias oportunidades se han señalado graves errores en dicha ley, incluso en el marco de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral (CAME), en la cual ellos participan.

El primer punto de la impugnación es la actual redacción del artículo 94 bis -campaña anticipada -ya que consideran que el texto se puede prestar a claras arbitrariedades en su aplicación.

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En este aspecto, Hermann Girón, presidente del Cacif, dijo que la definición de campaña electoral anticipada la califican como subjetiva y que pudiera tener problemas para implementarse.

“Hay una gran cantidad de denuncias y acciones de posibles descalificaciones de posibles candidatos por temas de campaña anticipada y creemos que el objetivo de los políticos es hablar de política y el llamado de los políticos es hablar de sus planes y propuestas y por eso hemos accionado contra el artículo que prohíbe hacerlo”, dijo Girón.

El segundo punto que impugnaron es la contratación centralizada de medios de publicidad que limita la libre difusión del pensamiento y la cobertura de eventos políticos y de los planes de los políticos evitando la transmisión de ideas a la audiencia y dificultando que los planes de los políticos se conozcan y den una oportunidad a la ciudadanía de participar con toda la información posible.

Según el Cacif, la reforma de 2016 “generó un exceso de burocracia para los aportes ciudadanos que deseaban contribuir a la causa política de su preferencia”.

“Se debe continuar privilegiando la transparencia y cuentadancia en los aportes políticos, pero sin exceso de burocracia. Por lo tanto, se ha accionado contra las normas que impiden el ejercicio transparente y lícito de los financiamientos electorales ciudadanos” se lee en el comunicado.

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Pauta electoral

Según Girón, la tercer impugnación es limitación de la venta y cobertura por parte de los medios publicitarios de esas declaraciones, información y participación política y la venta a precios regulados que impone el Tribunal Supremo Electoral (TSE) que detiene la libre empresa de los medios publicitarios y dificulta la cobertura de los temas políticos en Guatemala.

“Con la pauta electoral, consideramos que continúan existiendo serios problemas en el actual modelo de propaganda contratada por el TSE, prueba de ello es que este año fue necesario ampliar por dos meses más el plazo para que los medios de comunicación solicitaran su inscripción como anunciantes el próximo año. Por ello también se ha accionado contra las normas que limitan la contratación de pauta para dar a conocer los distintos proyectos políticos”, detalla el comunicado.

Finaliza diciendo que, como lo han manifestado en diversas oportunidades, “es necesario que se lleven a cabo unos comicios que cumplan con los estándares de transparencia, participación y legitimidad”.

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Preocupaciones

En un comunicado difundido el pasado martes 8 de noviembre, el Cacif también reiteró sus preocupaciones y sugerencias al TSE por las elecciones generales del 2023.

En el documento explican que con el afán de que los comicios se lleven a cabo con transparencia, confiabilidad y amplia participación ciudadana, el Cacif envió el 24 de octubre, una carta a los magistrados del TSE e la que se solicitó:

Explicar sobre la contratación de la nueva tecnología con el sistema biométrico y se enfatizó que hay muy poco tiempo para implementarlo para los comicios de 2023.

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Sobre es sistema de transmisión de datos, se recalcó que debe realizarse un proceso abierto al público, con suficiente tiempo y eliminando de sus bases o condiciones o subjetividades que impidan la participación de oferentes calificados.

También se destacó la eficiencia del procedimiento de digitalizar y digitar la actas den los centros de votación y la importancia de preservar la custodia del voto por los ciudadanos.