“Nos encontramos con un gobierno muy cerrado y con quien la diplomacia y el intercambio es muy complicado”, expuso Ziluaga a la Comisión.
Añadió que “en las reuniones con representantes del Gobierno, principalmente ministros, estos hacían una constante referencia a la soberanía nacional y se manifestó que la cooperación de la Unión Europea (UE) es una injerencia en asuntos internos del país”.
Dentro de las conclusiones, Ziluaga hizo referencia a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que “ha sido clave en la lucha contra la corrupción”, ya que ha llevado ante la justica a más de 300 personas, incluyendo a políticos de alto nivel, como el expresidente Otto Pérez Molina, quien está preso, y el actual mandatario Jimmy Morales, a quien el Congreso le mantuvo la inmunidad en dos procesos de antejuicio.
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Indicó que Morales pasó de defender a la Cicig durante su campaña en 2015 a un intento de expulsión en 2017 del comisionado Iván Velásquez, precisamente cuando se anunciaron las investigaciones en contra de él y de su familia.
Cooperación
Como parte de lo áspero que se han tornado las relaciones con la UE, Ziluaga precisó que han encontrado problemas para hacer efectiva la cooperación en aspectos tan sencillos como la recepción de material para el sistema judicial. “Hay infinidad de trabas burocráticas y desinterés de las autoridades nacionales por esta cooperación”, subrayó.
Estas dificultades, añadió, sumadas al desinterés, provoca que algunos recursos de la cooperación no se utilicen. Citó como ejemplo un fondo de US$80 millones para combatir la desnutrición que no se usarán, pese a la “grave situación” que en ese aspecto enfrenta el país.
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Otro de los asuntos expuestos en la presentación del informe fueron los ataques contra defensores de derechos humanos. En ese sentido, Ziluaga insinuó que los hechos de violencia en contra de líderes campesinos se han incrementado desde las acusaciones del presidente Morales en contra de una organización social. Morales ha hecho declaraciones contra el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), de la cual reclama que durante un bloqueo de carretera perdió la vida un niño enfermo. También señala que Codeca tiene dos mil denuncias penales y el Ministerio Público (MP) no investiga.
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“Desde que el presidente se refiere a indígenas como terroristas es evidente que ha aumentado la persecución. De enero a octubre de 2018 hubo 24 líderes indígenas asesinados y esos casos quedan impunes”, enfatizó el representante europeo.
Diplomacia más fuerte
Ziluaga instó al Parlamento a poner en práctica una relación “más directa y más contundente, y quizás en algunos momentos menos diplomática —con Guatemala—, vista la intransigencia” del Gobierno frente a la comunidad internacional.
Una medida podría ser emitir una “declaración de urgencia” del Parlamento en su conjunto, pidió Ziluaga. Esta debería hacerse en el mínimo plazo posible, añadió, debido a la proximidad de las elecciones, para que esto no se vea como una injerencia en el proceso electoral.
La campaña de descrédito a la #CICIG es una muestra de la corrupción del Gobierno de Jimmy Morales, quien fue acusado junto a su hijo y hermano de financiación ilegal precisamente por la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala que ha expulsado. pic.twitter.com/ew515k0op2
— Xabier Benito Ziluaga (@xabierbenito) February 20, 2019
A este requerimiento, el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, David McAllister, respondió que un pronunciamiento de ese tipo hay que trabajarlo, aunque serán los grupos políticos los que decidirán si se celebra un debate al respecto o no.
La Unión Europea es uno de los mayores cooperantes de Cicig con aportes que suman los 166 millones de euros.
La Cancillería guatemalteca restó importancia al informe presentado este miércoles por el eurodiputado Ziluaga.
Ante un requerimiento de postura por parte de Prensa Libre, la oficina de Comunicación envió un escueto mensaje en el que señala que el informe “no es la visión de la Unión Europea, sino la de un eurodiputado”.
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