Aparte de por el “caso Kompass”, las relaciones entre ambos países se han deteriorado en los últimos meses por las críticas de Estocolmo a la decisión de Morales de acabar de forma inmediata el acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas sobre la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Morales anunció el año pasado que no renovaría el mandato de la CICIG cuando acabase en septiembre de este año, pero en enero comunicó unilateralmente el fin definitivo del acuerdo por la supuesta “violación grave” de leyes nacionales e internacionales cometida por la comisión.
En un comunicado emitido meses atrás Wallström había afirmado que Suecia, uno de los principales donantes de la organización, haría “todo lo posible” para que la CICIG siguiese en Guatemala y calificado a la organización de “crucial” en los esfuerzos “para fortalecer el Estado de Derecho y la rendición de cuentas”.
El Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco había anunciado en mayo la expulsión de Kompass del país por asumir actitudes que derivan en “injerencia” en asuntos internos.
“Es una decisión soberana de la República de Guatemala y esto no significa que exista una mala relación con los Gobiernos”, dijo entonces la canciller, Sandra Jovel.
Orden de expulsión
El motivo de la orden de expulsión fueron unas declaraciones previas de Kompass, que este siempre ha negado, en las que llamó supuestamente corrupta “a toda la sociedad” de Guatemala.
La Corte de Constitucionalidad detuvo la expulsión del embajador sueco al considerar que el Gobierno no tiene competencia para tratar el tema, lo que dio paso a una denuncia de la Asociación de Dignatarios de la Nación contra tres magistrados por haberse inmiscuido en asuntos internos.
La Corte Suprema de Justicia rechazó el pasado 31 de enero el proceso de desafuero presentado contra los magistrados.
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