“En enero del 2018 le respondimos -el Foro Guatemala- a la Conferencia Episcopal, a las iglesias evangélicas y la comunidad judía que no veíamos, en ese entonces, condiciones para un diálogo nacional con el Gobierno, pero que no rehuíamos la responsabilidad de trabajar entorno de concertar una agenda básica o mínima para sacar adelante al país. Aunque no hubo condiciones en aquel momento, no queríamos que fuera excusa para hacernos a un lado de la responsabilidad ciudadana”, dijo Eduardo Stein, vicepresidente de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes).
Las 16 organizaciones del foro hace un año efectuaron “un ejercicio en diversas comisiones de trabajo”, con el objetivo de identificar los temas que podrían incluirse en una agenda mínima de propuestas.
Stein explicó que para tener los análisis de temas se decidió incluir a más organizaciones, de otros sectores que no están incluidos en el Foro Guatemala, de manera que se conocieran las necesidades y soluciones de forma integral.
“Se identificaron aquellos elementos de una agenda en la que estuviéramos de acuerdo instituciones diversas que no se limitaban a las del Foro Guatemala, que atendieran los temas más urgentes de la agenda nacional, pero no solo con una óptica de coyuntura, sobre todo con una perspectiva estratégica de las diferentes reformas fundamentales que requiere el Estado guatemalteco para el mediano y largo plazo”, expuso Stein.
Discusiones y acuerdos
En las comisiones de trabajo se discutieron problemas a escala nacional para conformar las 15 propuestas que se entregaron el lunes pasado a los tres poderes del Estado.
“Las propuestas no se circunscriben a lo trabajado por las instituciones miembros del foro, sino que nosotros hicimos un esfuerzo de consulta directa y personal bastante más amplia. El documento concentra el sentir, aspiraciones y las inquietudes de otras organizaciones y sectores”, explicó Stein.
Julio Curruchiche, del Foro Maya, expuso que hubo discusión académica en el Foro Guatemala para definir los temas que incluiría la propuesta que se entregó al Estado.
“Se hicieron varias jornadas de consultas con grupos organizados que no están en el foro. Nosotros participamos en la línea agrícola y de desarrollo rural, con los empresarios discutimos acerca de le economía con énfasis en la ruralidad. Dejo claro que el planteamiento del foro no es coyuntural sino de visión de país, los tanques de pensamientos hicieron un análisis profundo por un año, por eso no salieron a discusión otros temas”, dijo Curruchiche.
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El Foro Maya expuso que la metodología que se usó para generar las propuestas fue la recopilación de información primaria y se escucharon a los “actores vivenciales” inmersos en las problemáticas sociales. Las reuniones se efectuaron a escala nacional en universidades, con comunidades y organizaciones sociales.
“No hubo discrepancias marcadas y todo estuvo en el análisis de prioridad para el país, no optamos por la coyuntura sino por la institucionalidad y por eso hay acuerdos”, dijo Curruchiche.
Stein indicó que en donde pudo haber un poco de diferencia -entre las organizaciones- es en cómo hacerlo, sin embargo, para evitar alargar las discusiones evitaron ahondar en aspectos técnicos y se limitaron a elaborar las recomendaciones.
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Pedro Cruz, representante de Primero Guatemala, expuso que hubo discrepancias entre las organizaciones, pero al final se alcanzaron los consensos.
“Nos costó ponernos de acuerdo, pero es algo habitual con varias organizaciones en análisis. Teníamos el objetivo de que si no logramos ponernos de acuerdo en una mesa donde estamos sentadas diversas organizaciones, entonces, cómo vamos a pretender que nuestras autoridades hagan lo mismo”, expuso Cruz.
Stein justificó que las discusiones permitieron crear una agenda en “común y aceptable para todos, sin traicionar el sentido profundo de la propuesta para tratar de enfrentar con soluciones concretas y practicables”. Además, expuso que las organizaciones tuvieron que “ceder, incluso en adjetivos” al momento de la redacción de las propuestas.
“Todo el mundo estuvo de acuerdo que atravesamos una crisis institucional, incluso, para algunos de nosotros es una crisis grave, pero estuvimos dispuestos a ceder que se le quitara el calificativo de grave”, relató Stein.
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Las sugerencias
Al Organismo Ejecutivo:
- Priorizar el crecimiento económico incluyente, en el que participen los diversos actores productivos, con énfasis en lo rural, donde se concentra la mayoría de la pobreza y pobreza extrema.
- Discutir las políticas de Competitividad y de Desarrollo Rural Integral; el Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina; la estrategia para una eficaz Seguridad Alimentaria Nacional, así como para la reducción de la desnutrición crónica; la política de construcción y mantenimiento de infraestructura vial; la política y estrategia de tierras comunales y de agricultura orgánica; y, el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático.
- Recuperar el diálogo del Pacto Fiscal, tomando como base los temas en su momento identificados y con especial atención a priorizar la calidad del gasto y fiscalización de las instituciones que lo ejecutan.
- Generar condiciones para que los agentes de la economía promuevan el desarrollo de un modelo económico, donde el talento humano sea el principal recurso que eleve la competitividad nacional.
- Cumplir con el mínimo de 180 días de clase y contar con docentes capacitados y motivados en el enfoque de construcción de una ética pública, que también debe trasladarse al Currículum Nacional Base desde preprimaria y todos los niveles educativos, para formar a las nuevas generaciones hacia una cultura de respeto, solidaridad, honestidad, honradez, confianza y responsabilidad en la convivencia social.
- Impulsar “un nuevo pacto educativo” que involucre a todos los actores pertinentes, revisando principalmente la negociación colectiva para alcanzar un acuerdo consistente con las mejoras educativas propuestas.
Al Organismo Legislativo:
- Reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) orientada a favorecer una mayor participación ciudadana; modificar los requisitos para la inscripción de partidos políticos; emisión del voto preferente; readecuar el sistema de distritos electorales, en coordinación con el TSE.
- Reformar el Código Procesal Penal, revisar los casos en que procede la prisión preventiva y aprobar la Ley de Aceptación de Cargos, privilegiando la justicia reparativa. Es importante contribuir a agilizar los procesos penales para garantizar una justicia pronta y cumplida.
- Reformar la Constitución Política de la República en los artículos que regulan los períodos en las judicaturas y magistraturas, la extensión de la carrera judicial hasta las Salas de la Corte de Apelaciones, la supervisión de esta y la separación de funciones administrativas de las jurisdiccionales. En este sentido es importante garantizar la independencia, imparcialidad, objetividad, transparencia y especialización de los jueces y magistrados.
- Revisar, mediante reforma constitucional, el modelo de comisiones de postulación que ha sido señalado de ser vulnerable a la politización y a presiones externas.
- Aprobar nuevas leyes de Servicio Civil y de Contrataciones del Estado, necesarias para modernizar el Estado, dotar de un enfoque integral y sistémico su actuar, y contribuir a que sea ágil y transparente.
Al Organismo Judicial:
- Generar las condiciones necesarias para una adecuada implementación de la nueva Ley de Carrera Judicial y la aprobación de sus reglamentos.
- Agilizar los procesos del sistema de justicia, especialmente para la reducción de la mora judicial, sin sacrificar efectividad y objetividad.
- Proponer, en coordinación con entidades que integran el sistema de justicia, un presupuesto que atienda las necesidades de cobertura nacional y que garantice el acceso a la justicia con imparcialidad, celeridad e independencia.
Recomendaciones sobre transparencia
- Priorizar el combate a la corrupción y la impunidad, como Política Criminal del Estado y complementarla mediante la construcción de una ética pública, basada en la probidad, rendición de cuentas, fiscalización ciudadana, cultura de denuncia e intolerancia a lo ilegal.
- Ante la proximidad de las elecciones generales y de magistraturas de la Corte Suprema de Justicia y Salas de la Corte de Apelaciones, es evidente que todo lo anterior requerirá consensos políticos; una decidida fiscalización y acompañamiento de la ciudadanía, que le den legitimidad al proceso de renovación institucional.
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