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El mensaje del funcionario estadounidense llegó a través de la red social Twitter, y señala que el proyecto de ley 5257 impone requisitos onerosos a las ONG, las cuales juegan un papel clave en el funcionamiento de las democracias.
Además, instó al país a “revisar la legislación de conformidad con las mejores prácticas internacionales”.
Kozak se reunió con el presidente Alejandro Giammattei el pasado 7 de febrero para firmar, en nombre de Estados Unidos, un convenio para que guatemaltecos tengan visas temporales de trabajo en agricultura, como parte de los compromisos del Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA).
Bill 5257 puts onerous requirements on NGOs in #Guatemala, which play a key role in functioning democracies and help to strengthen democratic institutions. We urge Guatemala to revise this legislation consistent with international best practices. -MK
— Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) February 15, 2020
Al igual que Kozak, la congresista estadounidense Norma Torres se pronunció contra las reformas a la ley de ONG. Ella envió un mensaje en Twitter dirigido a Giammattei, y en el texto señala que la ley de limitar a organizaciones y que “no debe firmarse”.
Torres indicó que “Guatemala necesita un presidente que establezca límites”.
.@DrGiammattei, a bill limiting NGOs is a bill you should not sign. The people of #Guatemala need a president who sets boundaries & upholds the #RuleOfLaw. Help incentivize your people to hold their government accountable.
— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) February 15, 2020
Por medio de un comunicado de prensa, la Alianza Uniendo Fuerzas por los Derechos de la Niñez, Joining Forces, señala que esta normativa vulnera las garantías del derecho a la libre asociación, además de que presenta ambigüedades y adolece de claridad, mismas que dejan a discreción de las autoridades la interpretación de algunos artículos.
Otra de los puntos del documento es la preocupación por el retraso de donaciones que están dirigidas a la población más vulnerable del país.
Joining Forces actualmente da asistencia a la población infantil y juvenil de 22 departamentos en áreas como educación, salud, seguridad alimentaria y nutrición, entre otros.
Las reformas a la Ley de Organizaciones no Gubernamentales aún está pendiente de la sanción o veto del presidente Alejandro Giammatte, pero desde su aprobación el 11 de febrero ha sido fuertemente criticada.
Algunos sectores aseguran que viola derechos constitucionales y que afectará a aquellas organizaciones que prestan servicios básicos a las poblaciones donde el Estado no lo hace. Aunque otros defienden su aprobación para controlar a las instituciones que generan desorden público.
El pasado 12 de febrero Acción Ciudadana (AC), acuerpada por otras ONG y sindicatos, presentó un recurso de amparo en la Corte de Constitucionalidad contra las reformas a la ley.
