En el acuerdo se determinó que tanto Belice como Guatemala deben hacer una consulta popular en la cual los ciudadanos se manifiesten acerca de la diferencia territorial.
Esta es la pregunta que contendrá la boleta en la consulta popular que debe ser respondida por ciudadanos:
¿Está de acuerdo que cualquier reclamo legal de Guatemala en contra de Belice sobre territorios continentales e insulares y cualesquiera áreas marítimas correspondientes a dichos territorios sea sometido a la Corte Internacional de Justicia para su resolución definitiva y que esta determine las fronteras de los respectivos territorios y áreas de las partes?
La propuesta en el Congreso fue aprobada por 102 diputados y 14 votaron en contra, incluido el independiente Luis Pedro Álvarez, quien explicó que no apoyó la propuesta porque aún no se tiene claro cuánto costará la consulta y de dónde se obtendrá el dinero.
Según la presidenta del TSE, María Eugenia Mijangos, la consulta popular costaría aproximadamente Q300 millones, los cuales serán otorgados por el Ejecutivo, que también se encargará de promover la campaña para dar a conocer la pregunta que se hará a los ciudadanos.
El ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, recordó que en el presupuesto quedaron programados Q300 millones para una consulta popular.
Los fondos estaban contemplados para la consulta sobre las reformas constitucionales, pero de acuerdo con Estrada se podrían utilizar para lo de Belice.
Como la ley establece que las consultas deben efectuarse con un mes de diferencia, si lo relacionado con los cambios a la Carta Magna se aprueba, ya no daría tiempo para este año, así que debería presupuestarse para el 2018.
Sería en diciembre
El canciller Carlos Raúl Morales expuso en conferencia de prensa que diciembre sería apropiado para la consulta, aunque el TSE será el que defina el día.
Sin precisar fecha, la presidenta del TSE aseguró que los preparativos llevarían “unos cinco o seis meses”, aunque aclaró que la convocatoria debe hacerse 90 días antes de la consulta.
Por su parte, el canciller explicó que a partir de que en las consultas gane el “sí” se tiene un año para presentar en la CIJ la demanda y la memoria en la cual se plantean los derechos que Guatemala pretende sobre Belice.
Una vez el TSE convoque al referendo, habrá un plazo de 90 días para impulsar una campaña de información, para la cual no hay recursos, pero se ha hablado con las cámaras de radiodifusión y televisión para que colaboren.
Además, la Unión Europea ha ofrecido gestionar fondos para ese tema, y el ministro de Finanzas indicó que podrían buscar apoyo.
“Es una campaña de información pública, no política, en la que todos los sectores y partidos políticos puedan apoyar. Es una por nuestro país, por los habitantes de la zona de adyacencia, por la certeza jurídica entre ambos países”, expresó el canciller.
Indicó que existe mucho desconocimiento en relación con el diferendo territorial, marítimo e insular con Belice. “Hay guatemaltecos que piensan que es recuperable la totalidad del territorio, hay otros que creen que lo perdimos todo, y otros que piensan que queremos una salida al mar”, refirió.
El ministro de Relaciones Exteriores comentó que existe la posibilidad de que los recursos para la consulta se obtengan de los espacios presupuestarios que no se ejecutarán este año.
“Ese espacio fiscal no se puede correr al otro año. Entonces hay que pedirle al Congreso que lo reprograme”, enfatizó, sin precisar montos, porque indicó que eso será tarea del TSE.
¿Si gana el no?
En caso de que en un país gane el No, habría que repetir el referendo hasta conseguir el Sí de la ciudadanía, porque ambas naciones firmaron una reforma del acuerdo original, en la que reconocen que la única solución al diferendo es llevarlo a la CIJ, la cual, al emitir sentencia, definiría los límites territoriales, explicó el canciller el lunes último.
Ese acuerdo contempla que se requiere una consulta popular en cada país para llegar a la CIJ, pero que, en todo caso, tanto Guatemala como Belice se comprometieron a llegar a esa instancia.
