Elías también solicitó cuestionar de nuevo al ministro de Comunicaciones y la cuarta interpelación era también contra Soto, pedida por el diputado Juan Ramón Lau.
El 6 de noviembre finalizó la interpelación de Navarijo al ministro de Comunicaciones y comenzó su segundo juicio político del año, propuesto por Elías, quien a la vez desistió de cuestionar a Soto.
Como resultado de su primera interpelación, a Benito se le solicitó el voto de falta de confianza, pero esta propuesta solo obtuvo 21 votos a favor.
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Mientras el ministro respondía las consultas del pleno de diputados, Soto trasladó su oficina a un salón de la Casa Larrazabal, propiedad del Congreso, para poder trabajar y estar disponible en el momento en que se le llamara.
A Soto ya no se le cuestionará, pues Lau desistió de ello este 20 de noviembre.
El diputado @Juanrralau, Tercer Secretario de Junta Directiva, desistió de la interpelación al Ministro de Salud, Carlos Soto Menegazzo. pic.twitter.com/RIWppICvhg
— Congreso Guatemala (@CongresoGuate) November 20, 2019
En agosto, antes de comenzar con la interpelación a Benito también terminó la interpelación al ministro de Desarrollo Social, Carlos Velásquez Monge, la que comenzó el 28 de noviembre del 2018.
Después de ocho meses y 23 días de interpelación, el 20 de agosto de este año, nadie pidió el voto de falta de confianza para Velásquez Monge, por lo que su juicio político terminó sin consecuencias para él.
Durante este año también se propuso interpelar a los ministros Mario Méndez-Montenegro, de Agricultura y al ministro de educación, Oscar Hugo López, esto a petición del diputado Roberto Villate.
Debido a que estos juicios políticos entramparon la agenda del Legislativo, la Junta Directiva de ese organismo decidió establecer tres sesiones semanales, una para avanzar en su agenda y otras dos para seguir con las interpelaciones.
Sin resultados
Sofía Montenegro, analista política, señala que la interpelación se utiliza para ejercer presión política sobre los funcionarios y no como un instrumento de fiscalización y rendición de cuentas, como es su objetivo.
Para Montenegro, la “intimidación” es el común en estas acciones y quienes las proponen son grupos específicos que se organizan con el fin de desacreditar a la figura pública, para evitar avanzar en la agenda del Congreso u otro tipo de presiones.
Como ejemplo, la analista menciona la interpelación en el 2018 del ministro de ambiente, Alfonso Alonzo, quien fue cuestionado por utilizar un helicóptero para votar en la Consulta Popular por el diferendo territorial con Belice.
“No tuvo resultados porque él -Alonzo- permanece en el puesto, y así hay muchos casos donde no se tienen resultados”, explicó.
Montenegro afirma que esta práctica genera tanto desgaste político como mediático, lo que desvía la discusión de temas importantes, como el presupuesto 2020.
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