“La Ley de Reconciliación Nacional, en su forma actual, ha sido utilizada por los tribunales nacionales en varios casos emblemáticos que abordan violaciones graves de derechos humanos”, dijo Bachelet.

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Agregó que “esta enmienda, si se aprueba, representará un retroceso drástico hacia la rendición de cuentas y el estado de derecho en Guatemala. Al mismo tiempo, pondrá en grave peligro los avances logrados por el país para lidiar con el legado de la guerra civil y para prevenir más violencia”.

La comisionada advierte que la enmienda no solo detendrá las investigaciones en curso relacionadas con violaciones de los derechos humanos, sino que también tendrá un efecto retroactivo, lo que permitirá a decenas de personas actualmente en prisión luego de ser condenadas por violaciones graves de derechos humanos.

“Esto significa una total impunidad para todos los involucrados en violaciones verdaderamente horrendas, incluidos los crímenes de lesa humanidad. Reabrirá viejas heridas y destruirá la confianza de las víctimas en el Estado y sus instituciones”, dijo Bachelete a través del comunicado.

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Otra de las preocupaciones que emitió la comisionada de la ONU es que si el proyecto se aprueba “podría provocar represalias contra todas las valientes víctimas, testigos, jueces, fiscales, abogados y organizaciones que han estado promoviendo la justicia por delitos pasados ​​en Guatemala”.

Defiende las reformas

El diputado Fernando Linares-Beltranena, ponente de la iniciativa de ley y quien presidió la comisión que emitió el dictamen favorablemente defendió  su proyecto.

Afirmó que la Comisionada de Derechos Humanos no contempla que la Ley de Reconciliación Nacional dio amnistía reciproca y su incumplimiento viola tres derechos humanos contemplados en la Constitución y en el Pacto de San José.

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“Estos son la no retroactividad, el que no puede haber pena sin delito previo y el que los militares sean juzgados en tribunales militares, que son los artículos 15, 17 y 219 de nuestra Constitución”, dijo el parlamentario.

Añadió que, de insistir la comisionada en su opinión, se estaría violando estos tres artículos de derechos humanos que abarcan a todos los integrantes del enfrentamiento armado, tanto militares como guerrilleros.

“La ONU tiene derecho a dar su opinión, con gusto debatimos el tema con ellos. Si quiere venir a Guatemala —Bachelet— con gusto la atendemos”, respondió Linares-Beltranena.

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El congresista afirmó que la semana entrante, si se termina con las interpelaciones, pedirá que la iniciativa se incluya para su aprobación en segunda lectura.

El diputado Walter Félix, de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), señaló que la iniciativa, que ya fue discutida en primer debate “evidentemente viola la Constitución y el Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos”.

“No podemos venir ahora y querer reformar la ley para dejar exentos de responsabilidad a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad. Hay personas que participaron en el enfrentamiento armado que violaron severamente los Derechos Humanos y hay informes muy amplios”, aseguro el legislador.

Félix agregó que en “nefasto” que ahora se pretenda para quienes ya fueron procesados que en un plazo de 24 horas dejarlos en libertad y sobreseer los casos.

El congresista agregó que en la medida que avance la iniciativa en el pleno preparará una acción de inconstitucionalidad para evitar que esta entre en vigencia.

Las reformas

La iniciativa  5377 para reformar la Ley de Reconciliación Nacional contaba con dos dictámenes, uno a favor emitido por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales y uno desfavorable emitido por la Comisión de Derechos Humanos.

Pero en la sesión plenaria del pasado miércoles se sometió a votación y 83 diputados estuvieron de acuerdo en que se conociera la propuesta con el dictamen a favor, emitido por el entonces presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales Fernando Linares-Beltranena.

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Las reformas van dirigidas a extender la amnistía a delitos que no fueron incluidos en el texto original, tales como genocidio, desaparición forzada y tortura. Además de absolver a condenados por estos hechos, aplicando la retroactividad de la ley.

La reforma también adiciona un nuevo artículo en el que indica que “toda persona que haya sido juzgada y se encuentre en cumplimiento de condena o se encuentre en proceso penal y se le decretaron medidas de coerción, tales como auto procesamiento, prisión preventiva, medidas sustitutivas de la prisión preventiva, conducción y aprehensión por delitos enmarcados en dicha ley, se le deberá decretar la amnistía y el sobreseimiento en su caso, y ordenarse su libertad por el tribunal correspondiente en el plazo de veinticuatro horas”.

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