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Los detenidos y los puestos que ocupaban cuando firmaron el documento oficial de Salud son:
- Jorge Luis Pérez Ramírez, director general de Recursos Humanos de la cartera.
- Edgar Encarnación Lara Caballeros, jefe del departamento de Desarrollo de Servicios de Salud.
- Carlos Guillermo Quijada Sandoval, supervisor de Hospitales de la cartera.
- Edna Carolina Prera Guinther, gerente general administrativo financiero de Salud.
- Susy Verónica Ríos Morales, suplente asesora jurídica de la cartera.
- Byron Francisco Ponce Molina, suplente jefe de Administración de Recursos Humanos del ministerio.
- Luis Antulio Alpirez Guzmán, secretario de trabajo y conflictos de SNTSG.
- Dora Regina Ruano Saldaña, secretaria de organización del SNTSG.
Con orden de captura está Jorge Alejandro Villavicencio, entonces ministro de Salud. También firmó el pacto colectivo Luis Lara, secretario general del SNTSG y quien falleció en enero del 2016.
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Algunos argumentos para considerar que el pacto colectivo era lesivo para el Estado fue el alto costo de la asesoría legal que ofreció el abogado César Landelino Franco López, que fue de Q24 millones y que se seguía pagando en el 2015 pese a que el documento se firmó en el 2013.
Además, el pacto autorizaba el pago de viáticos para funcionarios de la cartera y los dirigentes sindicales. Lo aprobado era de Q1 mil diarios para el secretario general del SNTSG, Q800 cada día para la secretaria del comité ejecutivo y Q400 para otros miembros del comité.
El ministro recibía por este concepto Q1 mil 200 diarios, los viceministros Q1 mil diarios y Q800 los directores y gerentes.
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La denuncia de la PGN agrega que Villavicencio, ministro de Salud en ese entonces, firmó el pacto sin haber pedido una opinión sobre el respaldo financiero al Ministerio de Finanzas y que el entonces ministro de Trabajo -Carlos Contreras, actual presidente del Seguro Social-, homologó el documento sin verificar que cumpliera los requisitos de Ley.
Por su parte, Monterroso, quien también fue denunciado por la PGN por participar en la adenda del documento en el 2014, hizo la denuncia penal alegando posible enriquecimiento ilícito, cobro ilegal de comisiones y acciones de extorsión y coacción de parte de líderes sindicales hacia funcionarios de la cartera.
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