Política

Bloques legislativos evitan tomar postura por antejuicio de magistrados de la CC

Hoy se realizará en el Congreso el sorteo para integrar la Comisión Pesquisidora que revisará el antejuicio de tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC).

El presidente del Congreso Álvaro Arzú Escobar anunció al pleno del Congreso que las diligencias de antejuicio contra tres magistrados de la CC continuarán este día. (Foto Prensa Libre: Carlos Álvarez)

El presidente del Congreso Álvaro Arzú Escobar anunció al pleno del Congreso que las diligencias de antejuicio contra tres magistrados de la CC continuarán este día. (Foto Prensa Libre: Carlos Álvarez)

La Comisión Pesquisidora tendrá que revisar las diligencias de antejuicio de tres magistrados de la CC señalados de tres delitos, pero varias bancadas del Congreso evitaron tomar una postura por este caso.

Los legisladores se mostraron reacios a indicar si están a favor o en contra de la diligencias de antejuicio que se siguen en contra los magistrados  José Francisco de Mata Vela, Bonerge Mejía y Gloria Porras y  alegaron que se debe esperar a que se realice todo el trámite de integración y trabajo de la postuladora antes de emitir algún comentario al respecto y evitaron decir qué posición tendrá su bloque.

Posturas

Javier Hernández Franco, jefe del oficialista Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), señaló que no tienen ninguna postura por la solicitud de antejuicio en contra de los magistrados.

“Hay un sorteo donde se conformará la Comisión Pesquisidora, esta hará los análisis y estudiará el caso a profundidad y nos dará las recomendaciones”, señaló el jefe del oficialismo.

Hernández Franco afirmó que será hasta después de recibir el informe de la comisión y de analizar las recomendaciones que su bloque tomarán una postura para entrar a votar.

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Orlando Blanco, jefe de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), indicó que para empezar la bancada aún no conoce que dice el expediente que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) remitió al Congreso.

“Queremos leer el expediente para saber si hay fundamentación o no en la acusación. Básicamente el papel del Congreso es determinar si la denuncia es espuria o política, pero en el contexto actual todo es político”, afirmó el parlamentario.

Resaltó que el Legislativo no debe calificar a los jueces por sus fallos y que lo más recomendable es analizar la denuncia.

Blanco señaló que en este momento como bancada no pueden emitir algún criterio o tener una postura definida porque si alguno de los integrantes de la bancada resulta electo para conformar la pesquisidora los podrían recusar y quieren evitar ese extremo.

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Arturo Martínez Dell, jefe de la bancada Todos, también señaló que no tienen ninguna postura al respecto del tema.

“Mañana habrá una agenda bastante cargada. Como bancada no tenemos una postura”, aseveró Martínez Dell.

Iván Arévalo, jefe del bloque Movimiento Reformador, señaló que la bancada no se ha sentado a discutir nada sobre el antejuicio de los magistrados.

“No tenemos ninguna postura en este momento. Esperaremos todo el proceso y lo que nos toca es esperar que se haga todo el proceso”, afirmó Arévalo.

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Leonel Lira, subjefe de Encuentro por Guatemala, fue contundente al decir que esperarán a que se elija la comisión.

“Si llegara a darse el caso que algún miembro de la bancada sale electo en la pesquisidora podría haber alguna complicación por haber emitido opinión previa”, aseveró Lira.

El congresista señaló que lo mejor es no emitir ningún criterio en este momento y que esperarán a que la Pesquisidora haga su trabajo antes de emitir su opinión al respecto.

Napoleón Rojas, subjefe de la Unión del Cambio Nacional, al igual que sus colegas señaló que antes de emitir algún comentario esperarán la conformación de la Comisión Pesquisidora y rinda su informe circunstanciado.

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“En base a eso nosotros con nuestros abogados y asesores políticos llegaremos a un consenso para decidir qué postura tomaremos al respecto”, afirmó Rojas.

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Votos y amparos

La razón por la que el Congreso no fue notificado antes sobre el expediente de antejuicio fue porque dos magistradas de la CSJ emitieron un voto razonado disidente, el cual entregaron varios días después.

Básicamente las magistradas argumentaron que no hubo una investigación previa  que documente una violación de los tres magistrados y que existe la necesidad de un sistema de contrapesos, el cual está establecido en la carta magna.

Ayer la CC admitió dos solicitudes de amparo que buscan frenar el proceso de antejuicio en contra de tres magistrados.

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Las solicitudes de amparo fueron planteadas por el abogado Marco Vinicio Mejía, quien accionó en contra el Congreso y la Procuraduría de Derechos Humanos, que la interpuso en contra de la Corte Suprema de Justicia.

La CC dio 48 horas a la CSJ y al Congreso para que remitan sus informes circunstanciados, los que serán analizados previo a resolver si se otorga o no el amparo provisional. El plazo se cumple el viernes.

Otros dos recursos para evitar el retiro del antejuicio a los magistrados de la CC fueron interpuestos, uno por el Centro Para la Acción Legal en Derechos Humanos y otro por autoridades ancestrales de Totonicapán, con acompañamiento de Acción Ciudadana. Ambas acciones aún están pendientes de ser admitidas para su trámite.

Cuestionan a diputado

Ayer durante la sesión plenaria que se celebró se continuó con la interpelación del ministro de Desarrollo Social Carlos Velásquez Monge por parte de diputados del Movimiento Reformador.

Los diputados hicieron 18 de 130 preguntas base al funcionario y entre estas estaban interrogantes como cuál fue la fecha en que tomó posesión del cargo, que mostrara su finiquito, cuánto gana, la ejecución presupuestaria del ministerio, cuántos viceministerios tiene la cartera entre otras preguntas.

El diputado Luis Hernández Azmitia dirigió gran parte de la interpelación que duró más de una hora y en varias ocasiones se refirió al ministro como un funcionario corrupto y lo señaló de cometer el delito de perjurio ante el Pleno.

Esto provocó que los diputados Delia Bac y Estuardo Galdámez, defendieran al ministro y señalara que Hernández Azmitia había sido funcionario del Ministerio y con una mala administración.

 

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