Al carecer de estas certificaciones, el INE utilizó una metodología basada en el Censo de Población 2002 para estimar la cantidad de lugares poblados, lo que resultó en la disminución de estos y el reclamo de alcaldes quienes, incluso por medio de acciones de amparos buscan que se retome la antigua metodología y que se tome como válidos los datos del año anterior.

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Cambio es ilegal

Metodologías poco científicas utilizadas por años para la definir los lugares poblados, imprescindibles para las asignaciones del situado constitucional, repercuten hoy en día en que una gran cantidad de alcaldes reclamen en conjunto Q34 millones que, afirman, dejarían de percibir sus comunas en 2019 por el precálculo que hizo el INE en octubre pasado.

El dilema comenzó cuando el Instituto Nacional de Estadística (INE) cambió la forma para registrar los lugares poblados de los municipios y optó por tomar el dato del Censo de Población de 2002 en vez de utilizar el dato de año inmediato anterior como tradicionalmente se había hecho desde el 2010.

El cambio de metodología derivó en que se restaran tres mil 818 lugares poblados en 210 municipios medida que representaría Q34.3 millones menos de ingresos para esas comunas.

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La Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) sostiene que el cambio implementado por el INE no tiene sustento legal ni técnico, y que por lo mismo los municipios de reciente creación quedarían sin ninguna asignación presupuestaria del situado constitucional.

El descontrol pudo haber derivado en que a lo largo de los años ciertas comunas hayan aumentado sus lugares poblados con tal de recibir más recursos.

Mejores herramientas

Pero el INE asegura que a raíz de que ahora cuentan con más recursos decidieron mejorar las herramientas para la elaboración del Registro de Lugares Poblados (RLP), con lo cual ahora es más preciso.

“Esas investigaciones empiezan a mostrarnos que lo que se venía haciendo era acorde a lo que se traía y ahora que tenemos más evidencias ya podemos hacer otro tipo de investigaciones”, expuso Freddy Gomez, subgerente del INE.

Gomez afirma que el INE no tiene la potestad de quitar o poner lugares poblados, puesto que lo que hacen es una regularización de la documentación que entregan las municipalidades donde constan las aldeas y caseríos con que cuentan. Antes, añade, los informes no se confrontaban con estudios y a falta de recursos se dejaban los datos que ya se tenían.

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El funcionario reconoció que al variarse la metodología que se utilizaba desde el 2010 tiene que haber cambios en el cálculo, aunque enfatizó en que aún no hay nada definitivo y las municipalidades pueden acercarse al INE a resolver dudas puesto que el cálculo final se presentará en los primeros días de enero del 2019.

Las municipalidades deben entregar cada año a más tardar el 31 de julio una certificación de lugares poblados para que el INE actualice el registro, pero hasta este año, si no lo hacían se tomaba el dato del año anterior.

Sin embargo, para el cálculo del 2019, el INE consideró que si una comuna no entregaba su registro era más preciso tomar los datos del último censo lo que remontaba el dato de lugares poblados hasta el 2002. Fue así como comenzaron las inconformidades.

Pero ¿Quién tiene la razón?

Mientras Gómez afirma que el INE es un ente científico y no político, los alcaldes parecen no estar tan seguros de ello. De hecho, el actual presidente de la Anam y alcalde de Villa Nueva, Edwin Escobar, no descarta que anteriores autoridades del INE se hayan prestado para alterar intencionalmente sus lugares poblados.

“Lo que sí es cierto es que algunos diputados tuvieron la astucia de favorecer a los alcaldes electos de la UNE (Unidad Nacional de la Esperanza) y le subieron el número de centros poblados a algunos municipios de forma anómala”, afirmó Escobar. 

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“El chisme entre los alcaldes era de que cobraban Q200 mil por alterar los datos y decían era imposible, pero ahí está que sí”, añade el jefe edil.

Por lo cual expone que “si existe un error estamos de acuerdo con que lo corrijan, pero tiene que ser en el debido proceso con el derecho de defensa, no pueden cambiar los datos así no más”.

A lo expuesto por Escobar se suma la opinión de Eddy Cifuentes estudioso de las funciones municipales por años.

El experto señala que pudo haber casos en los que las comunas hayan alterado sus registros poblados. “No lo descartaría y no sería la primera vez que se han dado casos de mal manejo de la información”, dice Cifuentes quien; no obstante, reconoce tener “serias dudas” de cómo el INE ha manejado esos registros.

“No eximo de culpa a municipalidades en esa irresponsabilidad de no entregar a tiempo los informes en julio, pero veo negligencia en el INE al no esforzarse o establecer procedimientos para ser lo más certero posible con los lugares poblados”, subraya el analista.

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Afectados

Dentro de los casos más peculiares están los municipios de reciente creación que, al instituirse después del 2002 y no haber entregado sus informes a más tardar el 31 de julio, figuran con cero lugares poblados.

Uno de esos casos es Sipacate, Escuintla, cuyo alcalde Walter Nájera, asegura que los ingresos por el situado constituciones, Q923 mil mensuales, es el 90 por ciento del presupuesto de la comuna puesto que los ingresos propios son mínimos por ser un municipio de reciente creación (octubre del 2015).

Nájera asegura que si no se recibiera el situado constitucional dejarían de invertir en proyectos de desarrollo para la comunidad relacionados a agua y saneamiento, remozamiento de escuelas o adoquinamiento de calles. También sería necesario reducir el personal.

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