Presidente del Congreso no permitirá “injerencia” en ley de ONG

El presidente del Congreso, Allan Rodríguez, aseguró este lunes 17 de febrero que no permitirá “injerencia de ningún tipo” y que no tolerará “ningún tipo de recomendaciones o presiones”, para modificar una polémica reforma a la Ley de las ONG, ante la insistencia de Estados Unidos.

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La agenda en el Congreso avanza lento en medio de la controversia por la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL )
La agenda en el Congreso avanza lento en medio de la controversia por la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL )

Rodríguez esgrimió que respeta “todo lo que digan los países aliados y países amigos”, pero enfatizó que “no vamos a permitir injerencia de ningún tipo de recomendaciones o presiones. No las vamos a tolerar”.

El presidente del Legislativo, que se estrenó en el Congreso el pasado 14 de enero como integrante de la bancada oficialista del partido Vamos por una Guatemala Diferente (Vamos), agregó que los órganos de justicia del país serán “los que decidirán qué pasará con la ley”.

El sábado, el subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de EE.UU., Michael Kozak, que visitó Guatemala el 8 de febrero, aseguró que la iniciativa “impone requisitos onerosos a las ONG que desempeñan un papel clave en las democracias funcionales y ayudan a fortalecer las instituciones democráticas”.

En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter y replicado y traducido del inglés al castellano por la Embajada de EE.UU. en Guatemala, Kozak instó a Guatemala a modificar la legislación “conforme a las mejores prácticas internacionales”.

Pero el presidente del Congreso, consideró que la reforma “va en beneficio de transparentar y fiscalizar las oenegés”, por lo que, a su criterio, la ley debe permanecer “vigente”.

La iniciativa, nacida en 2017 con el anterior período legislativo, ordena el “control” de las organizaciones no gubernamentales en el país y su “fiscalización” aún cuando no manejen fondos públicos, entre otras medidas.

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Guatemala manifestó sus reservas con respecto a la nueva normativa al apostillar que la ley “podría afectar a la libertad de asociación, reunión y expresión, así como los espacios democráticos para la sociedad civil organizada”.

El origen de la ley es, según diversas fuentes, un intento de varios diputados de la anterior legislatura (2016-2020) de contrarrestar la lucha anticorrupción emprendida desde 2015 por el Ministerio Público guatemalteco y la ya desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.

El actual Congreso, recién investido el pasado 14 de enero, no había conocido la iniciativa de reforma de dicha ley desde que tomó posesión. Sin embargo, según denunciaron varios legisladores, fue incluida por sorpresa en una modificación de la agenda del día en una sesión de la segunda semana de febrero.

Comunicado emitido por organizaciones de la sociedad civil: