Infraestructura
Sectores solicitan que Ejecutivo evalúe la experiencia para quien ocupe el cargo en el CIV
Los criterios incumplidos por la exministra de comunicaciones, según el gobierno y las reacciones y perfil necesario para un nuevo funcionario según sector empresarial.
Sectores coinciden en la importancia de la cartera y las necesidades del país de atender el tema de la infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).
Luego de la destitución de la ministra de Comunicaciones Jazmín de la Vega, sectores empezaron a reaccionar, mientras que el gobierno amplía detalles acerca de qué procedimientos de control supuestamente incumplió la funcionaria.
De la Vega fue retirada del cargo por orden del presidente Bernardo Arévalo, refirió el gobierno en un comunicado emitido la noche del viernes 17 de mayo. En este se indicó que la ministra “incumplió instrucciones del presidente de la República, autorizando pagos a constructoras fuera del procedimiento de control acordado”.
Acerca de dicho procedimiento, por medio de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia se informó que se trata de criterios que establecen cuatro aspectos:
- No se repetirá el pago a empresas que ya han recibido desembolso el mes anterior. Debido a la gran cantidad de empresas a quienes el Estado les debe, se tomó esta medida con el fin de oxigenar y generar capital para otras empresas.
- La ejecución financiera debe estar alineada con el avance físico de los proyectos.
- Se debe sincronizar el gasto entre las empresas supervisoras y las ejecutoras.
- El ciclo de pago a empresas constructoras se repite cada tres meses.
Además, se indicó que el presidente estará ampliando la información en el transcurso de la semana.
Hasta la tarde del sábado 18 de mayo aún no se ha hecho el nombramiento de quién sustituirá en el cargo a la exministra y en los próximos días será anunciado por el presidente agrega la Secretaría.
También se indicó que no se ha removido ningún viceministro de esa cartera.
Consultados los sectores empresariales sobre la destitución de la ministra, coinciden en la importancia de la cartera y las necesidades del país de atender el tema de la infraestructura.
Experiencia
Luis Fernando Castellanos, presidente de la Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC) refirió que la destitución es un acto que se enmarca en las facultades del presidente de la República, conforme al artículo 183 de la Constitución, que le otorga la prerrogativa de nombrar y remover a los ministros de Estado.
Citando la Ley del Organismo Ejecutivo, Castellanos mencionó que el artículo 23 subraya la responsabilidad de los ministros como rectores de las políticas públicas y coordinadores de la acción gubernamental en sus respectivos sectores. Y, que, en esa línea, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda tiene un papel fundamental en la formulación y cumplimiento de políticas relativas al desarrollo eficiente de la infraestructura nacional, según se refiere en el artículo 30.
“Esperamos que la transición en el liderazgo de este ministerio sea para garantizar una gestión que promueva la coordinación efectiva entre las diversas instituciones para poder cumplir con las funciones que la ley establece y que priorice la transparencia y la eficiencia en la administración pública”, expresó el presidente de la Cámara de la Construcción.
Añadió que se mantendrán atentos y cooperativos ante los cambios en la administración pública con el objetivo de asegurar que se continúe promoviendo el desarrollo y bienestar general del país.
Respecto al perfil ideal para el próximo ministro de Comunicaciones Castellanos comentó que debe ser eminentemente técnico, con una sólida experiencia en gestión y ejecución de proyectos de infraestructura.
“Es crucial que este profesional esté libre de conflictos de interés y no tenga vínculos con estructuras de corrupción que puedan influir negativamente en la toma de decisiones dentro del ministerio”, añadió. Además, debe demostrar una capacidad probada para liderar reformas administrativas eficaces, como las mencionadas anteriormente, enfocándose en la transparencia, la eficiencia y la implementación efectiva de proyectos.
A criterio de Castellanos este enfoque asegurará que el ministerio no solo responda a las necesidades actuales de infraestructura, sino que también se transforme en una entidad más íntegra y eficiente.
Otro aspecto importante es acerca de qué debería hacer el gobierno respecto a las condiciones de inversión, leyes relacionadas a la labor de construcción, procesos de obras y contrataciones y transparencia.
En este caso Castellanos refiere que desde la perspectiva del sector es imperativo que el Ejecutivo adopte una serie de reformas estructurales en la gestión de obra pública, que deberían ser prioridad independientemente de quién ocupe el cargo de ministro de Comunicaciones.
También es fundamental que la planificación y ejecución de obras públicas se base en criterios técnicos objetivos y no en intereses políticos, asegurando así proyectos que realmente beneficien a la población y se alineen con una estrategia de desarrollo económico nacional, señaló el presidente de la CGC.
“Para mejorar el sistema actual, es esencial establecer un entorno competitivo y transparente que atraiga a empresas de alta calidad para la construcción de infraestructura. La falta de transparencia y certeza jurídica históricamente ha disuadido la participación de contratistas calificados, lo que a menudo resulta en la sobrevaloración y baja calidad de las obras entregadas”, y por lo tanto el Organismo Ejecutivo debe impulsar reformas legales e institucionales que integren principios de transparencia, certeza jurídica y eliminación de conflictos de interés en todos los niveles de la toma de decisiones y gestión de obras públicas. Además, que es crucial contar con acceso a información de mercado precisa sobre calidades, materiales y precios, información que debe ser utilizada de forma sistemática para fundamentar las decisiones de inversión y contrataciones públicas, permitiendo así evaluaciones más rigurosas y justas de las propuestas y su ejecución, dijo en sus respuestas enviada por escrito.
“Al vincular directamente las inversiones a datos concretos y fiables, se pueden mitigar las arbitrariedades y asegurar una administración eficiente de los recursos públicos”, refirió el directivo de la Cámara de la Construcción, por lo que instan al gobierno “a implementar estas reformas con un compromiso firme y continuo hacia la mejora de la infraestructura nacional”, expresó Castellanos.
Por aparte, Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) coincidió con Castellanos en que la destitución fue una decisión presidencial acorde a la ley.
En cuanto a su perfil refirió que debe ser una persona con experiencia en gestión, pero sobre todo con la claridad de que debe enfocarse en ejecutar los proyectos prioritarios de frontera a frontera, de puerto a puerto y en el área metropolitana.
Fundesa ha analizado y efectuado propuestas para impulsar la inversión en infraestructura y el proceso para la contratación, y Zapata refiere que para crear condiciones de inversión el Gobierno debe impulsar la ley general de infraestructura vial, así como las reformas a la Ley de Anadie para lograr impulsar sistemas dé alianzas público-privadas.
“De lo contrario seguiremos viendo nuevos ministros, nuevos Gobiernos pasar y el sistema de inversión pública seguirá colapsado y el país perdiendo competitividad, con la menor cantidad de carreteras por habitante de todo el continente americano”, agregó el ejecutivo de dicha fundación.
En tanto, Alejandro Toledo, presidente del Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala (Cutrigua) mencionó que desconoce los detalle las razones por las cuales fue separada del cargo la ministra, pero respetan los criterios que pueda tener el presidente de la República.
En cuanto al perfil del nuevo funcionario indicó que debe de tener conocimiento respecto a temas de infraestructura vial pero también en puertos y aeropuertos, recordando los resultados dados a conocer en el reciente foro en el cual Cutrigua hizo la propuesta de “Iniciativas Urgentes para la Competitividad Portuaria”, compuesta por cuatro ejes y seis acciones prioritarias.
Hay rezago en la inversión y el estado de los puertos es calamitoso, y no solo se tienen que trabajar desde el punto de vista de certificaciones, sino de seguridad sin olvidar los temas de infraestructura portuaria, y complementada con la infraestructura vial.
Tiene que ser una persona con conocimiento de estos puntos, cómo atenderlos, tener capacidad para hacer alianzas, porque no solo requieren decisiones de una persona sino del Organismo Ejecutivo, Legislativo y proveedores entre otros actores. Ya que en la actualidad hay altos costos para la llegada de barcos y carga al país porque no se le da mantenimiento al calado y no pueden hacer los dragados, entre otros aspectos, agregó.
“No se necesita un supermán, pero sí un profesional con capacidad para hacer alianzas” y trabajar con transparencia, mencionó el presidente de Cutrigua.
Entre las prioridades para mejorar las condiciones de inversión, Toledo menciona los cuatro ejes principales de la propuesta como política y gobernanza, protección y seguridad portuaria, inversión en infraestructura y desarrollo portuario competitivo sostenible.
Entre otros temas de corto plazo menciona los dragados en Puerto Quetzal y Puerto Santo Tomás de Castilla, resolver el conflicto con la terminal de carga contenerizada APM y aprobar la iniciativa de ley 5545 que se refiere a la autoridad portuaria.
“El tema se ha descuidado por tantos años que todo se convirtió en urgente e importante, no es un tema que el gobierno haya generad en estos días, pero se debe buscar soluciones”, agregó.
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