El Ejecutivo legitimó, con una mesa de diálogo, al grupo Asociación de Soldados Veteranos Militares de Tropa, quienes amenazaron con impedir el desarrollo de las elecciones presidenciales si no reciben un resarcimiento por el servicio prestado al país.

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La primera reunión ocurrió este 28 de mayo, en la sede de la Comisión de Diálogo Nacional, en donde los supuestos militares retirados accedieron a deponer las medidas de hecho mientras las instituciones de gobierno analizan la viabilidad para cumplir con sus demandas. Es más, el grupo convino que no habrán acciones contra las elecciones luego que hicieron esta amenaza en una cita en el Congreso de la República.

El grupo solicita un pago de Q85 mil para cada uno de sus integrantes por concepto de resarcimiento y su lista inicial incluye a un millón 700 mil supuestos militares retirados. En total, serían Q144 mil millones del presupuesto nacional si es que estas cifras no cambian, en la practica el doble del presupuesto de egresos del Estado.

Antes de la mesa de diálogo, los exmilitares habían amenazado con impedir el desarrollo de las elecciones, el 16 de junio próximo, pero en declaraciones posteriores cambiaron el discurso para indicar que cuidarán este proceso para garantizar que no se cometa fraude. El 20 de mayo, Francisco Calmo, uno de los dirigentes del movimiento declaró que el grupo aun recordaba como armar bombas y usarlas en estos tiempos.

#LRN Además le envió el siguiente mensaje al ministro de gobernación Enrique Dehenhart. pic.twitter.com/eJ7lm4J72k

— La Red (@Lared1061) May 20, 2019

Al finalizar la conversación de hoy, los supuestos militares retirados indicaron que espera un anticipo del pago para antes del 16 de junio.

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Contradicciones

El comisionado de Diálogo Nacional, Sergio Flores, indicó que el 5 de junio habrá una reunión institucional para que los ministerios involucrados puedan definir la posibilidad de cumplir con las demandas del grupo y que se volverán a reunir con los solicitantes el 8 de junio.

Por su parte, Jorge Vega, representante de la organización, afirmó que la segunda reunión, el día 8, será la última, pues “los compañeros están cansados y no quieren seguir de diálogo en diálogo”. Dejando en claro que antes de los comicios el Ejecutivo tendría que erogar un anticipo como muestra de voluntad de cumplir la exigencia de la Asociación.

El comisionado afirmó a Prensa Libre que no se les dio garantía a los supuestos exmilitares sobre el cumplimiento de las demandas y que el trabajo de la comisión es acompañar y explicar sobre el proceso de diálogo con las instituciones de gobierno. Sin embargo, al terminar la reunión, Flores enumeró como un compromiso de parte del gobierno.

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Uno de esos acuerdos es el que se respetaría la nómina presentada por la asociación; sin embargo, en declaraciones posteriores, el comisionado dijo a Prensa Libre que hay que determinar quiénes, cuántos y dónde se encuentran las personas que podrían recibir algún pago, pues ni el mismo grupo lo tiene claro.

Flores indicó que es necesario elaborar un censo para determinar la cantidad real de quienes recibirían un resarcimiento, si este se debiera dar, este incluiría que los militares retirados presentaran una hoja de servicio extendida por el Ejército.

Prensa Libre consultó al ministro de Finanzas, Víctor Martínez, sobre la posibilidad de hacer algún tipo de pago a los integrantes de la asociación, pero al cierre de la nota no se había recibió ninguna respuesta.

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