A los militares retirados, el magistrado expresó: “Yo les pido que no hagan acciones contra la ley porque es el único marco superior a todos y se debe respetar. Los insto a que desistan porque no es la vía -bloquear las elecciones- para obtener. No voy a juzgar si son justas, no me corresponde”.
Este grupo, que dice que cuenta con un millón de militantes, reclama Q85 mil de indemnización y puso de plazo el 20 de mayo para que el Congreso dé una respuesta o de lo contrario podrían paralizar carreteras, aeropuertos y centros de votación el 16 de junio.
Asimismo apeló a que los partidos políticos cumplan con la ley porque “de una u otra forma violan las normas y depende de ellos que este proceso sea lo que la población espera”.
Solórzano también llamó a la ciudadanía a que “no permitamos” obstaculizaciones durante el proceso electoral, porque le responde a toda la ciudadanía y no solo a los grupos ciudadanos, organizaciones políticas o al tribunal electoral.
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