En la región hay casos paradigmáticos, como el del presidente Nicaragüense Daniel Ortega, quien en septiembre del año pasado para su quinto mandato luego de que siete aspirantes a candidatos fueran apresados o exiliados.
Un caso similar ocurrió en Honduras con el expresidente Juan Orlando Hernández, quien ganó su segundo mandato consecutivo en diciembre de 2017 en medio de acusaciones de fraude electoral que motivaron a la Organización de los Estados Americanos (OEA) a exhortar a que se repitieran los comicios.
Pese a que la Constitución hondureña prohibía la reelección, Hernández pudo ser candidato gracias a una cuestionada resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inaplicable el artículo 239 de la Carta Magna, donde se establecía este impedimento.
La fórmula más o menos parecida se ha repetido en Bolivia y Venezuela.
“Siempre los gobernantes ambicionan con continuar en el ejercicio del poder y consecuentemente buscan los mecanismos para poder hacerlo. Unos han intentado un autogolpe de Estado y otros han buscado el aval de los tribunales constitucionales que son de reciente creación en todos los países de América Latina”, explica el constitucionalista Mario Fuentes Destarac.
