“Creo que no debería haber receso, pues vivimos un momento en que no tenemos el derecho de parar al país hasta el 2 de febrero” , dijo la mandataria, quien consideró “justo y legítimo”  que las Cámaras legislativas descansen durante las fiestas de fin de año.

Sin embargo, apuntó que “el Congreso puede volver a funcionar a inicios de enero, retomar su actividad y juzgar todas las cosas que están pendientes” .

Rousseff insistió en que las maniobras fiscales que el Gobierno realizó para maquillar sus resultados del año pasado, que según los órganos de contraloría del Estado fueron “irregulares”  y continuaron en 2015, no bastan para iniciar un proceso de destitución.

De todos modos, subrayó que esas cuentas deben ser sometidas a un análisis y ser aprobadas o rechazadas por la Cámara de Diputados y el Senado, lo cual aún no ha ocurrido ni con los resultados del año pasado ni con los del actual ejercicio.

Según Rousseff, Brasil “tiene una democracia pujante, con unas instituciones sólidas”  que deben actuar dentro del estricto marco del Estado de Derecho.

“Somos capaces de convivir democráticamente y por eso la gran importancia del Estado de Derecho”  y de la “preservación de la más absoluta legalidad”  para garantizar la “unidad”  del país, dijo.

Según la mandataria, “el país precisa de unidad, pero eso depende del respeto de la legalidad”  y de que “todo este proceso sea hecho bajo la luz de la legalidad” .

Rousseff conversó con periodistas tras una reunión con un grupo de unos treinta juristas con los que analizó las acusaciones en su contra y el juicio al que puede ser sometida.

Según una nota divulgada por la Presidencia, “todos”  los juristas reunidos por Rousseff rechazaron su posible enjuiciamiento, ya que consideran que en la acusación “no están presentes los requisitos constitucionales y legales necesarios para configurar un eventual delito de responsabilidad” .

Esa opinión es totalmente contraria a la que sostienen tanto la oposición como un grupo de abogados que han pedido procesar a la mandataria, quienes aseguran que las maniobras fiscales del Gobierno constituyen un “delito de responsabilidad” , que es una de las causas que la Constitución contempla para destituir a un mandatario.

La apertura del proceso será decidida por una comisión especial de la Cámara de Diputados, formada por 65 legisladores de todos los partidos con representación parlamentaria, que será instalada hoy mismo y tendrá un plazo mínimo de quince sesiones, aún no definidos en términos de días, para llegar a una conclusión.

Presentará defensa

Una vez instalada la comisión, Rousseff tendrá un plazo de 10 sesiones para presentar por escrito su defensa.

Sus argumentos y los de la parte acusadora serán analizados durante otras cinco sesiones y luego la comisión votará el informe que preparará el diputado instructor del caso a favor o en contra del inicio del proceso.

Si la comisión es favorable al juicio político, la palabra pasará al pleno de los 513 diputados, en el que el proceso seguirá hacia adelante si es respaldado por al menos dos tercios  (342 votos) , el mayor quórum exigido por la Constitución.

En caso de que los legisladores lo aprueben, Rousseff deberá separarse del cargo por 180 días, plazo que tendrá el Senado para realizar el juicio político definitivo.

El proceso fue aceptado a trámite el pasado miércoles por el presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, uno de los cincuenta políticos investigados por el caso de corrupción en la petrolera estatal Petrobras.

Cunha y Rousseff, ambos en la cuerda floja, son declarados enemigos políticos y en los últimos días se han enzarzado en un cruce de acusaciones.

A pesar de la presión, Rousseff se ha mostrado “tranquila”  ante la apertura de un juicio político al considerar que no existen razones que fundamenten su destitución.

La oposición, en cambio, argumenta que las maniobras fiscales suponen un “delito de responsabilidad” , que de acuerdo con la Constitución es una de las causas que pueden llevar a la destitución de un jefe de Estado.

El temporal político ha dejado al país prácticamente polarizado a favor o en contra de la salida de la mandataria y los movimientos civiles han comenzado a articularse en ambas direcciones.

El PT y la Central Única de los Trabajadores, la mayor central sindical de Brasil, se reunirán los próximos días para definir la agenda “antiimpeachment” , mientras que los movimientos que apoyan la salida de la presidenta ya han convocado un acto el próximo 13 de diciembre.

La apertura del juicio ha sacudido el país y ha paralizado la agenda económica del Ejecutivo en un momento en el que el país se encuentra sumido en su peor recesión en las últimas décadas, con una inflación próxima a los dos dígitos y una escalada de los índices de desempleo.

La ralentización de la aprobación del paquete de ajuste fiscal lanzado por el Gobierno añade más presión sobre la fragmentada economía brasileña y aumenta las posibilidades de que el país pierda su “grado de inversión” , enredando todavía más la situación del mayor país de Latinoamérica.