La batalla legal que libra el estado es por los recursos que asigna el Congreso al estado y sus jurisdicciones locales por US$28.9 millones en 2018.
En julio del año pasado, el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció nuevos requisitos a las ciudades que reciben subvención del programa Edward Byrne Memorial Justice Assistance Grant (Byrne JAG) como parte del castigo a las denominadas ciudades santuario.
Becerra interpuso la primera demanda el año pasado por los fondos retenidos en 2017 en un proceso que aún sigue abierto, por lo que los recursos aún no han sido desembolsados.
La pelea por los fondos también la están dando las ciudades y este miércoles Los Ángeles presentó también su segunda demanda contra el Gobierno por retener más de US$1 millón destinados a la seguridad de la urbe.
“Esta decisión del gobierno de Donald Trump deja a nuestras comunidades más vulnerables”, insistió Becerra.
Las demandas exigiendo estos fondos están lloviendo en contra de la Administración por todo el país.
El gobierno federal retuvo US$9 millones en 2017 a Nueva York por la asignación del programa Byrne JAG.
Becerra espera que la decisión de julio de un juez de distrito de desestimar la demanda de Sessions contra California por la Ley SB 54, que convirtió en enero pasado a la región en estado santuario, sirva como antecedente y finalmente las otras cortes decidan a favor de los estados y localidades que merecen estos fondos.
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