En respuesta a una petición amparada por la Ley de Libertad de Información, el Departamento de Salud y Servicios Humanos proporcionó datos que revelaban que el 80% de los 71 mil menores llegados entre febrero del 2014 y septiembre del 2015, la mayoría procedentes de Centroamérica, fueron ubicados con custodios sin residencia legal en el país.
El 6% fue enviado con adultos que tenían un status de protección temporal de deportación, que ha permitido a algunos ciudadanos centroamericanos quedarse y trabajar en Estados Unidos durante más de una década. El 4% fue patrocinado por un ciudadano estadounidense y el 1% fue ubicado con inmigrantes que afrontaban procesos de deportación.
Muchos de los demás fueron asignados a custodios que tenían otros status legales o que estaban tramitando permisos de residencia.
Decenas de miles de niños de El Salvador, Guatemala y Honduras empezaron a llegar a la frontera de Texas en 2014, abrumando a las patrullas de frontera, sobrecargando los refugios del gobierno y ampliando las listas de espera en los tribunales de inmigración estadounidenses.
Una vez detenidos por agentes de fronteras, los menores quedan bajo tutela del Departamento de Salud y Servicios Humanos hasta que trabajadores sociales puedan analizar sus casos y buscarles custodios legales adecuados.
Los legisladores republicanos han atribuido la oleada de menores a políticas del gobierno de Barack Obama, que según afirman alientan a que los niños dejen sus países y acudan a Estados Unidos.
Los republicanos afirman que dejar a los menores en libertad con custodios que carecen de permisos de residencia fomenta la inmigración irregular y reduce las posibilidades de que los menores comparezcan a sus vistas de deportación en tribunales migratorios.
Los defensores de los inmigrantes insisten en que los menores huyen de la violencia y deben recibir asilo.
La máxima prioridad para los menores, afirman, es ser enviados con padres o familiares cercanos para que tengan estabilidad en Estados Unidos. Cualquier esfuerzo por deportar a esos custodios podría darles miedo a presentarse ante las autoridades y poner a los menores en peligro, sostienen.
El estatus migratorio no es un factor para determinar si alguien puede acoger a un menor. Pero a los custodios legales se les pregunta por su situación, y los que están en el país sin permiso de residencia deben ofrecer un plan alternativo para atender a los niños si son deportados.
El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Bob Goodlatte, republicano, dijo no estar sorprendido por los datos. Goodlatte culpó a las políticas actuales por el aumento de llegadas, pero no indicó si colocar a los menores con custodios sin residencia legal creaba problemas adicionales.
“Dado que el presidente se niega a aplicar nuestras leyes de inmigración, los inmigrantes irregulares en Estados Unidos pagan de forma consistente miles de dólares a organizaciones delictivas en la frontera para que traigan de forma clandestina a sus familiares en Estados Unidos” , afirmó en un comunicado.
La representante Zoe Lofgren, demócrata y miembro de un comité judicial, dijo que la responsabilidad del gobierno es encontrar un hogar seguro y un custodio para los niños.
La situación migratoria no debería importar, añadió.
“Si usted fuera un residente legal o un ciudadano estadounidense, presentaría una solicitud por su hijo” , dijo. “Su única vía es el asilo político. No es el sistema de visados” .
Durante el periodo de 20 meses que abarcan los datos, más de la mitad de los menores sin acompañante fueron entregados a uno de sus padres. Muchos otros quedaron con hermanos o tíos.
Los potenciales custodios deben presentar una prueba de su identidad y de su relación con el menor y pasar una revisión de antecedentes. En algunos casos, la Oficina de Reubicación de Refugiados realiza un estudio del hogar para determinar si el arreglo es seguro.
La oficina recoge información sobre la situación migratoria de los custodios desde al menos 2005, indicó en un comunicado el Departamento de Salud y Servicios Humanos. A los custodios que no sean los padres del menor se les toman las huellas dactilares.
“La seguridad y el bienestar de cada menor a nuestro cuidado es de máxima importancia en todas las fases” , indicó el comunicado.
Las estadísticas procedían de una base de datos creada en enero del 2014, según el departamento.
La salvadoreña Geyso Lemus dijo que no sabía qué sería de su hijo de 10 años cuando acabó en un refugio de Illinois en el 2014 porque ella no tenía residencia legal, pero que un trabajador social se apresuró a tranquilizarla
Dos semanas después, señaló, su hijo fue enviado a vivir con ella en el sur de California. Después se le concedió asilo al niño.
