Las autoridades estadounidenses detuvieron a principios de enero a 121 adultos y niños centroamericanos en redadas de deportación en todo el país. Hasta ahora, han deportado a 77 de los detenidos en las redadas de comienzos de año.
Abogados estadounidenses lograron que la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, en inglés) frenara temporalmente la deportación de 12 de estas familias centroamericanas, formadas por 33 adultos y niños en total, porque no habían agotado sus recursos legales.
Los activistas han denunciado que desde entonces se han producido más detenciones y deportaciones de adultos y niños centroamericanos. Sin embargo, la administración Obama no ha confirmado oficialmente un número.
“Realizamos arrestos y deportaciones diariamente”, se limitó a señalar una portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).
Entre los grupos que presentaron en la Casa Blanca las firmas pidiendo el fin de las deportaciones destacan FIRM, America's Voice y Casa en Acción.
Demandan TPS
Los activistas también pidieron a Obama que conceda a las familias refugiadas guatemaltecas, salvadoreñas y hondureñas un Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés).
Estados Unidos puede otorgar el TPS a extranjeros que temporalmente no pueden regresar a su hogar sin correr riesgos debido a un conflicto armado, una catástrofe ambiental u otras condiciones extraordinarias y temporales. Durante ese período, los beneficiarios pueden obtener una autorización de empleo, siempre y cuando cumplan unos requisitos.
Sin embargo, el TPS no otorga a sus beneficiarios la residencia permanente en Estados Unidos. Cuando el gobierno estadounidense decide terminar el TPS de algún país, el aplicante regresa a su estatus anterior o cualquier otro estatus que pueda haber obtenido durante el tiempo de amparo bajo el TPS.
Estados Unidos otorgó el estatus a Honduras y Nicaragua en 1998 tras los efectos devastadores del huracán Mitch y a El Salvador después de los terremotos que asolaron el país en el 2001.
