La promesa llega mientras Trump enfrenta una doble ofensiva judicial y política y el descontento popular contra su orden de prohibir la entrada a inmigrantes de países musulmanes.
De visita el lunes en Florida al CENTCOM, el comando militar encargado del Medio Oriente y la lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico, el presidente republicano prometió vencer el “terrorismo islámico radical” y no permitir “que eche raíces en nuestro país”.
“Necesitamos programas fuertes para que las personas que nos aman y quieren amar a nuestro país (…) se les permita entrar, pero no a quienes quieren destruirnos”, señaló Trump.
En un decreto del 27 de enero, el mandatario suspendió por 120 días el ingreso de refugiados (para los provenientes de Siria el plazo es indefinido) y por 90 días para ciudadanos de Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen, países de mayoría musulmana.
La medida rápidamente provocó protestas en varias ciudades de Estados Unidos y el exterior, y sus críticos advierten que la prohibición podría perjudicar la cooperación antiterrorista, al promover la propaganda del Estado Islámico.
Pero el viernes último un juez federal de Seattle, en el estado de Washington, dejó en suspenso la implementación del decreto, una decisión mantenida el sábado por el tribunal federal de apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco (California) y que abre una batalla legal para la joven adminsutración Trump.
El gobierno presentó este lunes por escrito una defensa del decreto. El documento, de 15 páginas, afirma categóricamente que la firma de decretos constituye un “ejercicio legal” de la autoridad presidencial.
Los tres jueces que componen esa corte de Apelaciones convocaron a las dos partes a una teleconferencia el martes en la tarde para presentar argumentos orales.
“Noticias falsas”
Además del bloqueo en las cortes, que para frustración del plan de Trump reabrió las puertas de Estados Unidos a los refugiados y los ciudadanos de los siete países, la orden presidencial se ganó también la oposición de las principales compañías tecnológicas.
Gigantes de Silicon Valley como Apple, Facebook, Google, Microsoft y Twitter -en total, casi un centenar de empresas- presentaron la noche del domingo un documento legal ante el tribunal de apelaciones en San Francisco en respaldo a la demanda en curso contra el decreto de Trump.
Las empresas tecnológicas, que contratan a miles de inmigrantes, denunciaron que la orden presidencial “inflige un daño significativo a los negocios estadounidenses, a la innovación y al crecimiento”.
Además, los fiscales generales del Distrito de Columbia (asiento de la capital Washington) y 15 estados, entre ellos California, sumaron su respaldo a la suspensión en el caso ante la corte de San Francisco.
Trump también parece enfrentar una opinión pública adversa: dos nuevos sondeos revelaron que una leve mayoría de los estadounidenses se opone a la prohibición migratoria.
Pero Trump desestimó de plano esas encuestas: “Todos los sondeos negativos son noticias falsas, tal como los sondeos electorales de CNN, ABC y NBC“, escribió en Twitter el lunes.
“Lo siento, la gente quiere seguridad fronteriza y chequeos rigurosos”, añadió el mandatario, que también promete construir un muro en la frontera con México.
Al hablar ante jefes militares en el CENTCOM Trump volvió a la carga contra la prensa.
De acuerdo con el presidente los riesgos con “terroristas” en Estados Unidos se tornaron tan comunes que el país llegó “a un punto en que (los ataques) no son siquiera informados por los medios”.
“Y en numerosos casos, la prensa muy, muy deshonesta ni siquiera quiere tomar en cuenta” esos ataques, añadió. “Tienen sus razones y ustedes bien lo saben”, concluyó.
Críticas republicanas
Ante los obstáculos de la justicia a una de sus principales promesas electorales, Trump lanzó una feroz catarata de tuits contra el juez de Seattle tachándolo de “dizque juez” y acusándolo de exponer al país a un “peligro”.
“He dado instrucciones a Seguridad Interior de que controle MUY CUIDADOSAMENTE a la gente que está entrando al país. ¡Los tribunales están dificultando el trabajo!”, escribió el domingo en Twitter.
El vicepresidente Mike Pence se unió a las críticas presidenciales denunciando la “frustrante” decisión del tribunal.
Pero el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, explicó que la justicia hacía su trabajo y se distanció del decreto, expresando el domingo temor a que su redacción deje la puerta abierta para implementar un “examen religioso” a los inmigrantes.
“Todos queremos tratar de mantener a los terroristas fuera de Estados Unidos. (…) Pero ciertamente no queremos que los aliados musulmanes que pelearon junto a nosotros no puedan viajar a Estados Unidos”, subrayó.
La opinión pública también se opone al decreto: el 53% de los estadounidenses, según un sondeo de CNN, y 51%, según CBS, rechaza la prohibición migratoria.
Entre la espada y el muro
Las órdenes ejecutivas del presidente de EE. UU., Donald Trump, sobre control fronterizo y vigilancia interna pueden agravar la situación ya precaria de miles de niños centroamericanos.
Los infantes huyen de la violencia y las penurias en El Salvador, Guatemala y Honduras, naciones que integran el Triángulo Norte de Centroamérica.
“La expansión masiva de las medidas de control dispuesta en las órdenes ejecutivas puede promover la detención y la expulsión de niños, especialmente los que no tienen familia ni tutores en Estados Unidos”, dijo Jeanne Atkinson, directora de la Red de Servicios Católicos Legales de Inmigración (CLINIC).
En el 2016, cerca de 100 mil niños salieron de los países del Triángulo Norte de Centroamérica para emprender el peligroso viaje hasta Estados Unidos, y según las cifras de detenciones de los últimos meses, el número podría superar los 150 mil durante el 2017.
“Los niños huyen de condiciones que los estadounidenses no podemos ni imaginar”, dijo el nuevo secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, ante el Atlantic Council en mayo del 2015, cuando era comandante del Comando Sur.
Según las cifras oficiales, cerca de la mitad de estos niños hacen el viaje solos, muchos guiados por “coyotes” y expuestos a la inseguridad.
Las autoridades mexicanas devolvieron a más de 30 mil niños a los países del Triángulo Norte en el 2016 y tuvieron que rescatar a cerca de cinco mil migrantes en situaciones peligrosas.
“Si tengo que elegir entre que muera a tiros a la puerta de mi casa en El Salvador o el peligro del viaje, prefiero que corra el riesgo”, dijo una madre de un adolescente recién llegado a Estados Unidos huyendo de las amenazas de las pandillas.
En el 2015, el Gobierno de Barack Obama creó el programa de Menores Centroamericanos (CAM) para evitar el riesgo del viaje y “ayudar a los niños vulnerables de América Central que califican como refugiados”, en palabras del entonces secretario de Seguridad Nacional Jeh Johnson.
A través del CAM, padres en situación legal en Estados Unidos han solicitado la entrada de más de 10 mil hijos y sus tutores en situación de peligro en Centroamérica.
A finales del 2016, un millar de ellos se habían reunido con sus padres y el servicio de inmigración había entrevistado a más de seis mil beneficiarios.
El CAM, considerado “una capitulación a la ilegalidad” por el nuevo secretario de Justicia, Jeff Sessions, fue paralizado por la orden ejecutiva sobre refugiados hasta que un juez federal decretó la suspensión del decreto.
Sin embargo, el CAM beneficia sólo a una pequeña parte de los afectados. En octubre y noviembre del 2016, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detuvo a cerca de 14 mil niños no acompañados y 30 mil integrantes de unidades familiares con niños del Triángulo Norte, un aumento del 40% sobre el mismo período del 2015.
“La política del Gobierno de Obama de capturar y soltar incentivó la inmigración ilegal y aumentó la presión sobre la frontera sur”, dijo David Ray, director de comunicación de la organización FAIR, que defiende la reducción de los niveles de inmigración y cuyos miembros asesoran al nuevo Gobierno de Trump.
El CBP traslada al 99% de los niños no acompañados que llegan a la frontera a la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), que los reunifica en su mayoría (casi 20 mil en el último trimestre del 2016) con sus familiares en Estados Unidos o les asigna hogares de acogida.
Alrededor del 70% de los integrantes de familias procedentes del Triángulo Norte alegan un temor creíble a regresar a sus países, tras lo cual el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) venía decretando su libertad provisional a la espera del proceso de asilo.
“El cambio de la política del Gobierno de Trump establece la detención obligatoria de los que solicitan asilo”, dijo David Ray de FAIR acerca de las órdenes ejecutivas que pueden afectar a partir de ahora a las decenas de miles de familias y niños que soliciten asilo a los tribunales de inmigración.
A finales de enero, los tribunales de inmigración acumulaban casi medio millón de casos, más de la mitad de inmigrantes del Triángulo Norte con órdenes de deportación, que tienen que esperar una media de 500 días para comparecer ante el juez.
Este retraso también afecta a los niños no acompañados. Según la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR), en agosto del 2016 había más de 45 mil casos pendientes de niños no acompañados.
En los últimos dos años, los jueces y los abogados del ICE ejercieron su discrecionalidad procesal para cerrar por vía administrativa o archivar más de 10 mil casos de niños no acompañados, que pudieron regularizar su situación.
Los abogados temen que la aplicación de las órdenes ejecutivas de Trump acabe con esta discrecionalidad, pero dentro del ICE se insiste en la necesidad de que se mantenga, según una funcionaria de esa institución.
Las intenciones del gobierno de Trump también afectan a los hijos de los más de 260 mil hondureños y salvadoreños que gozan de protección temporal (TPS), que está vigente hasta principios del 2018 y cuya renovación estará en manos de Sessions y Kelly.
