Finalmente, el Gobierno ha reconocido, después de días de evasivas, que en los próximos meses y años será necesario implementar una reforma fiscal, cuyos alcances, mecanismos y proceso aún no están del todo claros, pero será cuestión de tiempo para que empiece a fluir la información sobre cuáles serían las características de una eventual transformación tributaria.

Durante la semana, el presidente Jimmy Morales, como también ha sido el estilo de muchos gobernantes, apenas se aventuró a hablar de pistas sobre los puntos que se buscaría reformar. Uno de ellos sería volver a convertir en recolectores de facturas a los miles de contribuyentes que con ello podrían aspirar a un beneficio.

El otro, que por ahora se sabe y sería mucho más sensible, es un aumento al impuesto al valor agregado, que podría pasar del actual 12 por ciento hasta el 15 por ciento, lo que significará un cambio drástico, pues representaría un incremento del 25 por ciento de la tasa actual y seguiría la tendencia de casi todos los gobiernos, por ser la forma más fácil pero no necesariamente más justa ni equitativa de mejorar la recaudación.

Ayer, durante el programa Diálogo Libre, el ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, ratificó que la implementación de una reforma tributaria es cuestión de tiempo, aunque aclaró que cualquier posibilidad de cambio llevará meses y años, al punto de que los mayores beneficios en la recaudación serían cosechados por futuras administraciones.

Aunque sería otro mentís para el presidente Morales, quien en plena campaña declaró en más de una ocasión que durante su gobierno no habría aumento de tributos, sobre todo después de la debacle creada por el Partido Patriota, cuya dirigencia, junto con la otrora cúpula de la SAT, se encuentra en prisión precisamente por haber defraudado al Estado con una alambicada estructura que conllevó incluso a eliminar la planilla del IVA, supuestamente para compensar la falta de ingresos tributarios.

Sin embargo, el liderazgo real del mandatario, o por lo menos el que se ve que desearía proyectar, tendría un mejor asidero si en lugar de rehuir el anuncio se pronunciara de forma asertiva sobre los desafíos del erario nacional, las necesidades de gasto y las medidas para hacer eficiente, pertinente y probo el uso de los recursos actuales, a fin de justificar, no con fábulas ni adagios, sino con cifras, argumentos sólidos y proyecciones económicas, la necesidad de una reforma.

No son nuevas las presiones de la comunidad internacional para aumentar la carga tributaria del país, que resulta ser una de las más bajas del continente.

Tampoco son nuevas realidades como la alta cifra de población en pobreza, la enorme cantidad de comercio informal, el incesante contrabando y, recientemente, las enormes sumas de evasión que se han quedado estancadas por litigios legales y que la SAT ha hecho efectivas mediante golpes legales.

Es por ello que una eventual reforma fiscal puede resultar beneficiosa para la Nación, siempre y cuando esté fundamentada, balanceada y que sea coherente con las profundas desigualdades que lastran al país desde hace décadas.