La gobernadora de Quetzaltenango, Claudia Yesenia Ávila Guzmán, nombrada por el presidente Jimmy Morales hace nueve meses, se ha convertido en la última figura pública en sumarse a los funcionarios que derrochan intolerancia y abuso de poder, y creen que se puede intimidar a otros empleados o limitar el derecho de informarse sin que nadie denuncie sus atropellos.

En días recientes, la funcionaria pretendió intervenir en la destitución de varios empleados del Registro de la Propiedad en Quetzaltenango, el segundo más importante del país, no para velar porque se respetaran los derechos laborales de los desplazados, sino más bien para buscar imponer su autoridad y tratar de proteger a su padre, que era uno de los despedidos.

Lamentablemente, su acción, que fue rápidamente cuestionada por diversos sectores, trascendió el ámbito de la burocracia altense y el pasado jueves, cuando el periódico elQuetzalteco informaba de su cuestionado proceder, personas que se supone están a su servicio intentaron evitar que dicha publicación llegara a los pobladores, con la conocida maniobra de hacer desaparecer, mediante la compra masiva de los ejemplares, la referida noticia.

Ese vano intento por querer ocultar la información a la población constituye un atropello de una funcionaria del partido FCN-Nación, lo cual no solo debe ser condenado, sino también investigado, por las claras evidencias de abuso de poder y tráfico de influencias que motivaron la denuncia.

Conductas como la asumida por la gobernadora solo agravan la percepción sobre la cuestionable calidad de quienes son elevados a cargos de tanta relevancia y terminan haciéndole mayor daño a quienes con ese pago de favores abonan en el propio deterioro de la imagen gubernamental.

Si bien es cierto que se aprecian ciertas desavenencias en el partido de gobierno por ocupar numerosos cargos en varios departamentos, eso no debería desbordar las pasiones para que figuras que se sienten todopoderosas pretendan influir o imponer su autoridad sobre otras instituciones en las que nada tienen que ver. Mucho menos que se trate de acallar toda denuncia referente a conductas repudiables que tampoco deben ser toleradas.

El derecho a informar y a estar informado no solo es uno de los establecidos en la Constitución, sino que es el más mínimo requisito que todo funcionario debería respetar y hacer que se respete. No se puede consolidar ninguna democracia y mucho menos el estado de Derecho si existen autoridades que con facilidad abusan de sus cargos y atropellan garantías esenciales.

Los medios de comunicación independientes cumplen con una misión desinteresada de fiscalizar el proceder en la función pública y no existe ningún interés en mezclarse ni tomar parte de las luchas intestinas que se libran en nombre del clientelismo.

Cuando sagrados principios que a todos nos conciernen se vulneran y no pasa nada con los infractores se corre el riesgo de que el abuso se generalice y que con ello también se fortalezca la cultura de la impunidad, que simboliza el retroceso del país.