La tormentosa saga que tanta angustia ha causado a las mafias guatemaltecas está muy lejos de terminar, ante la nueva propuesta de Iván Velásquez, consistente en renunciar como jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala a cambio de que esa oficina de Naciones Unidas continúe sus operaciones, pues se abre un nuevo debate al poner contra las cuerdas a quienes lo calificaban como el principal obstáculo.

Es casi seguro que se mantendrá la postura obstinada de quienes aplauden la salida anticipada de la Cicig, porque existen suficientes evidencias de que el problema de fondo no es Velásquez, sino todo aquello que apuntara al desbaratamiento de las estructuras criminales enquistadas en el Estado.

Indudablemente los primeros que quedarán en predicamento ante este nuevo reto son los presidentes del Ejecutivo y del Legislativo, por ser quienes mayor regocijo han mostrado y ahora volverán a quedar mal, una vez más, ante los guatemaltecos y la comunidad internacional porque difícilmente aceptarán la propuesta de Velásquez, ya que los mayores esfuerzos están encaminados a frenar el combate frontal de las mafias de cuello blanco.

Apenas el lunes, el bisoño presidente del Congreso retó a desafiar al “nuevo colonialismo” y calificó de fallido el experimento de la Cicig, cuando ha sido vergonzosamente una instancia extranjera la que vino a desnudar la conducción mafiosa y cooptada de las más importantes instituciones públicas.

Haber puesto contra la pared a las máximas autoridades de los poderes nacionales solo servirá para constatar que no existe la menor intención de fortalecer la lucha contra la corrupción; sin embargo, se abre una puerta para poder ejercer mayor presión contra quienes se resisten de manera festinada a la fiscalización y al combate de la inmoralidad en la administración estatal.

Ahora la comunidad internacional podrá ejercer mayor presión sobre el presidente guatemalteco y quienes están desmantelando las instituciones para abrirle las puertas a la corrupción, porque ya no existe el obstáculo que argumentaba el presidente Morales para descabezar a la Cicig y romper sus acciones.

No aceptar esta propuesta solo reafirmará la percepción de que el presidente y quienes más lo impulsan en un proyecto estéril están gobernando en su beneficio. El conflicto de intereses en el que está inmerso el mandatario ha sido evidente desde que la Cicig y el Ministerio Público plantearon cargos por corrupción contra su hermano, su hijo y contra él, por financiamiento electoral ilícito. Señalamientos que tampoco ha podido esclarecer porque ha contado con el abrigo de uno de los congresos más impresentables de la historia de Guatemala.

Si el principal equipo de gobierno tuviera lucidez, debería aprovechar la propuesta de Velásquez, porque no hacerlo solo abrirá las puertas a mayores presiones, a nuevas muestras de descontento nacional y seguramente a represalias de la comunidad internacional, que se ha mostrado indignada ante las impertinentes acciones gubernamentales y ahora se corre el riesgo de que esas presiones vayan en aumento, principalmente desde el nuevo Congreso de Estados Unidos.