Las modificaciones a la Ley en Materia de Antejuicios son un buen ejemplo de cómo cuando hay demasiada polarización la razón en la mayoría se nubla y todo se juzga bajo la lupa de esa polarización. Se deja fuera la razón y se juzga todo por emoción. Es en estos momentos cuando más importante es que uno esté firme en sus principios para no dejarse llevar por la polarización.

En el caso particular del privilegio del antejuicio, mi postura siempre ha sido muy clara: considero que el privilegio del antejuicio no debería existir —al igual que todos los demás privilegios—. A lo largo del tiempo que tengo de estar navegando en las arenas de la opinión pública, he visto cómo ha sido utilizado para apañar a pícaros políticos “protegiéndolos” incluso de acusaciones de asesinato, crímenes que, por supuesto, no tienen nada que ver con su actividad pública. Alguien podrá argumentar que esos eran “excesos” del pasado y que ahora ya no se dan, pero la posibilidad siempre existe mientras exista el privilegio. Podría conceder que quizá sea una herramienta conveniente para mantener la “estabilidad” el que tengan ese privilegio los presidentes de los organismos del Estado, pero aún así lo considero inconveniente y que se puede prestar para abusos.

Dicho esto, considero que la discusión al respecto de las modificaciones a la ley de antejuicio se ha vuelto irracional, por la misma polarización. Concedo el argumento de algunos que el “momento” no es el más conveniente para meterse en esta discusión, pero de eso a decir que con las modificaciones propuestas se va a desarmar todo el sistema republicano en Guatemala —casi inexistente, hago la salvedad— es ver micos aparejados.

La parte medular del cambio propuesto es que cuando se presente una denuncia contra alguien que tiene el privilegio, el juez debe remitir la solicitud directamente al “organismo competente” para decidir sobre ese antejuicio. Con esto lo que hace es eliminar el paso de “filtro” por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero no cambia quién debe conocer el antejuicio. Es decir, sigue siendo la CSJ la que conocerá los antejuicios contra diputados, sigue siendo el Congreso quien conocerá los antejuicios contra el presidente, magistrados, procurador, etc. y así sucesivamente.

Pero alguien de los “polarizantes” dijo que lo que querían los diputados era tener el “control total” y que iban a poder destituir a todos sus enemigos y eso bastó para que se encasillara la modificación como una herramienta del “pacto de corruptos” para “acabar con todo el sistema republicano”.

Lo irónico del asunto es que quien ya había hecho una propuesta no solo en el mismo sentido, sino que todavía más categórica, fue la mismísima Cicig. La Cicig propuso que la solicitud de antejuicio se debería plantear directamente ante la “autoridad competente” y que en caso de que se presente ante otra autoridad, ésta la debe remitir a la “autoridad competente” en menos de 24 horas. ¿Se puede considerar entonces a la Cicig como parte del “pacto de corruptos”? ¿O es que simplemente se está utilizando este argumento para incrementar el conflicto?

Es claro que la acusación de que los diputados del “pacto de corruptos” quieren cambiar la ley para “tomar el control absoluto” y “acabar con el sistema republicano” no tienen mayor sustento lógico. De que muchos diputados tengan en la mira quitar el antejuicio a algunos magistrados de la CC y al PDH, no hay duda, pero, aun así, el efecto práctico de este cambio —que hasta la misma Cicig ha propuesto— es que las acusaciones lleguen a un juez que sea quien determine la validez de las acusaciones. ¿Por qué entonces tanto relajo? Si, por la polarización.

Fb/jjliber