Latinoamérica tiene el triste honor de compartir una de las más abominables prácticas en los servicios públicos: el soborno. El más reciente informe de Transparencia Internacional revela que dos de cada tres habitantes de estos países perciben un aumento en las prácticas de corrupción y quienes encabezan esa lista de la inmoralidad son los policías y los políticos.

De acuerdo con el Barómetro Global de la Corrupción, efectuado en los últimos ocho meses de 2016, se entrevistó a poco más de 22 mil personas en 20 países y la percepción más negativa la proyectan los ciudadanos de México, Colombia, República Dominicana, Venezuela y Perú. Guatemala sale bien librada en este informe, porque los datos corresponden a los primeros meses de gobierno de Jimmy Morales, cuando ni se esperaba la posibilidad de que fueran planteados antejuicios en su contra.

De hecho, los guatemaltecos entrevistados para ese estudio se mostraban optimistas respecto de un problema que había conducido a prisión a varios políticos, aunque ese entusiasmo decaía cuando se hablaba de sobornos, pues la mayoría de los encuestados opinaba que la policía es “sumamente corrupta” y con escasas posibilidades de cambio.

Uno de los datos más preocupantes que arroja esa encuesta es que se calcula que unos 90 millones de personas de los países analizados pagaron soborno a entidades públicas vinculadas con seguridad, salud, educación, justicia, documentos de identidad o algún trámite en oficinas públicas.

En general, la encuesta permite constatar una percepción generalizada, y si bien es la Policía la que encabeza el prontuario de las exacciones, le siguen los diputados, presidentes, alcaldes, jueces y magistrados. En la penúltima casilla se ubican los empresarios y no faltan en esa medición, tristemente, ciertos sectores religiosos.

Aunque en estricto sentido el informe no hace más que ratificar percepciones, esta constatación permite y obliga a delinear planes de acción para reducirle espacios a la corrupción, como la depuración de las fuerzas de seguridad, la exigencia de un mínimo de ética a quienes reciben un mandato desde las urnas, proteger a los denunciantes y empoderar a la población para hacerla partícipe fundamental de la gestión pública.

Más temprano que tarde, muchas de estas recomendaciones deberán aplicarse en estos países, porque la corrupción ha desbordado la institucionalidad de muchas naciones y la ha puesto en peligro, haciendo mucho más frágil la gobernanza, lo que se convierte en una seria amenaza para la consolidación de la democracia, pero sobre todo para el fortalecimiento de entidades de fiscalización.

El concepto de soborno va más allá de un billete que cambia de manos, pues también puede existir una coima a un alcalde a quien locatarios apoyan con una manifestación para no perder los puestos que les han sido autorizados, o de allegados a funcionarios señalados que reclaman su inmediata libertad y perjudican a las instituciones de justicia, simplemente porque no les conviene la lucha anticorrupción. No se puede tolerar que un sistema privilegie el torcido rumbo de quienes lucran con las necesidades y la debilidad de las instituciones.