Una de las más deplorables acciones que han contaminado la institucionalidad en Guatemala es la intromisión de los políticos en la desfiguración del poder público, el cual ha dejado de ser una fortaleza del Estado para convertirse casi en una caricatura, debido a la promiscuidad con la que se ejercen sus cargos.

Buena parte de esa responsabilidad recae sobre los tres organismos más importantes del Estado, aunque el Ejecutivo y el Legislativo son los que mayor culpa tienen sobre esa irregularidad, por haber confundido el poder con un cheque en blanco y se han dado a la tarea de cooptar diversas entidades para que todo funcione de acuerdo con sus directrices y no existe la menor fiscalización sobre sus actividades.

El Organismo Judicial lleva en todo caso la responsabilidad de someterse a esos designios en detrimento de su independencia, lo que ha llevado al país al borde de una de sus peores crisis, con un alto número de integrantes de esos organismos en manos de la justicia, en una muestra de la degradación sufrida por el sistema en los últimos años.

En ese escenario, en el cual existen muy pocos incentivos para emprender cualquier cambio de fondo, se aproxima una etapa crucial en el Poder Legislativo, donde esta semana debe continuar la discusión sobre las reformas constitucionales para impulsar cambios en el sector justicia, lo cual en circunstancias distintas podría ser bueno.

Sin embargo, en la actual coyuntura —que hace vivir un estado de polarización entre quienes defienden la lucha contra la corrupción y quienes tratan de poner zancadilla a esos esfuerzos— resulta aún más preocupante que sea un Congreso como el actual, muchos de cuyos integrantes enfrentan persecución penal, el que tenga la última palabra respecto de una decisión de tanta trascendencia.

Es indiscutible que el sistema de justicia en Guatemala necesita una profunda reforma, pero lo más importante es reducir la influencia de los políticos en tales decisiones, sobre todo los actuales, porque muy pocos se salvan de los señalamientos por conductas inadecuadas, y también como consecuencia de la manifiesta incapacidad de abordar una tarea que requiere honestidad y compromiso con la transformación del deplorable estado de cosas.

Una tarea utópica y por ello despierta mayor preocupación escuchar que el oficialista FCN-Nación, nutrido de tránsfugas, sea uno de los más interesados en sumar reformas a un proyecto que podría quedar desfigurado y convertido en un nuevo instrumento de manipulación política hasta convertirlo en nuevo fiasco causante de decepción y de preocupaciones para los guatemaltecos.

Hay demasiados diputados sobre quienes, justificadamente, no existe la mínima confianza como para dejarles decidir acerca de un tema del cual no tienen pleno conocimiento o, peor aún, que lo vean como una nueva posibilidad de prolongar el modelo de cooptación para multiplicar la inutilidad e ineficacia de las instituciones. La serenidad, la prudencia y el consenso deben prevalecer en un tema tan importante para el país, pero en la discusión también deben involucrarse con serenidad y seriedad todos los sectores.