Cuantificar la corrupción no es una tarea fácil. Ni siquiera los organismos internacionales pueden establecer los montos y algunos especialistas aventuran cifras que podrían oscilar entre los Q10 mil millones y los Q15 mil millones anuales, para el caso de Guatemala, una cifra que podría incluso sustituir a las que cada año se contraen en deudas.

Durante las audiencias y testimonios sobre algunos de los casos más sonados en los últimos años se habla de que los exmandatarios Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti habrían despilfarrado unos 302 millones de quetzales entre el 2012 y el 2014, en viajes, cirugías, automóviles de lujo y viviendas, aunque esas cifras fueron creciendo en la medida en la que se conocían otros escándalos.

Solo en el caso del Lago de Amatitlán se intentó defraudar al Estado por 138 millones de quetzales, pero la vergonzosa propuesta hizo que otras entidades iniciaran investigaciones, lo que desbarató el fraudulento negocio y ha sido uno de los casos más expeditos en las investigaciones, el cual terminó con la condena de Baldetti a más de 15 años de prisión.

Pero como bien dijo Alfonso Portillo cuando volvió de su encierro en Estados Unidos: “La corrupción no empezó con mi gobierno ni terminará conmigo”, sabedor de que durante su administración se conocieron los más escandalosos casos de corrupción, aunque el sometimiento de las autoridades judiciales no permitió que se juzgara a muchos de aquellos funcionarios.

Sin embargo, hubo algunos que dejaron una profunda huella de sus fechorías en el servicio público, como fue el caso de Marco Tulio Abadío Molina, quien habría amasado una oscura fortuna cuando fue jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria, por lo que ahora el Juzgado de Extinción de Dominio ha decretado el embargo de cuentas por valor de 34 millones de quetzales.

Estos son algunos de los montos vinculados con la corrupción, aunque los números todavía podrían ser mayores, como también se acaba de conocer con el reciente testimonio de la exsecretaria del exministro de Comunicaciones del gobierno del extinto Partido Patriota, Alejandro Sinibaldi, quien cuando percibió que la justicia había empezado a desmantelar la corrupción de esa administración ordenó, en cuestión de días, la movilización de al menos 38 millones de quetzales que guardaba en apartamentos a su nombre.

Abadío fue capturado en julio del 2004 por el saqueo de 53 millones de quetzales de la SAT durante el gobierno del Frente Republicano Guatemalteco, por lo cual recibió una condena de 30 años de cárcel y el pago de más de 24 millones de quetzales, los cuales canceló, más una multa simbólica por los delitos de concusión, fraude y lavado de dinero, mediante la modalidad de servicios inexistentes con empresas de familiares y cercanos colaboradores.

Han transcurrido casi 15 años de aquellos hechos y también cuatro gobiernos y la corrupción no cede terreno, y más bien se aceleran los esfuerzos por apuntalar las estructuras que facilitaron el pillaje, sin que se perciba mayor resistencia, pese a que nuestra historia está repleta de casos que deberían abochornarnos como sociedad, principalmente a quienes se obstinan en llevar adelante un modelo fracasado.