La segunda condena, en la repetición del proceso, contra el ciudadano ruso Igor Bitkov constituye un hecho trascendental para el sistema de justicia guatemalteco, pero también para revisar profundamente cómo operan las mafias en países en que es demasiado fácil hacerse de documentación oficial falsa, lo cual  puede poner en riesgo incluso la seguridad de otros países.

Al margen de los problemas legales que el señor Bitkov pueda enfrentar en Rusia, para Guatemala constituye un hecho crucial porque su caso es el reflejo de la corrupción en oficinas públicas, porque el uso de documentos oficiales obtenidos de manera fraudulenta puede degenerar en el uso malicioso de nuevas identidades, cuyo objetivo puede ser distinto, de acuerdo con los individuos que los adquieren.

La obtención de documentos falsos no es una novedad en Guatemala, y a ello se debe que la vieja cédula de vecindad debió ser descontinuada, porque era un documento de fáciles manipulaciones y llegó a tener un uso demasiado discrecional entre alcaldes, lo cual en muchos lugares dio lugar a fraudulentos procesos electorales.

La llegada de un nuevo documento de identificación personal corrigió en mucho aquellas viejas prácticas, pero no las eliminó y, por el contrario, encareció el precio de las fraudulentas identidades y convirtió el procedimiento en otra fuente de riqueza ilícita para las mafias, por la autenticidad y el respaldo institucional de los emisores, pero a estos últimos los hizo sensibles a peligros mayores porque dicho acceso se facilitaba a quienes podían pagar, con dinero de recursos oscuros.

Sobre el caso Bitkov se han dado diversas presiones que deben ser rechazadas cuando, por segunda ocasión, otro tribunal encuentra argumentos convincentes para emitir una nueva condena. En consecuencia, se debe apelar a la independencia judicial para rechazar cualquier injerencia, sobre todo si proviene de políticos foráneos desconocedores de nuestra penosa realidad o financiados por intereses incompatibles con un pleno estado de Derecho.

La alteración o el uso de documentos falsos del Estado de Guatemala debe ser combatido de manera frontal, lo cual incluye presionar a las autoridades para eliminar la corrupción en las dependencias involucradas. Estados Unidos debería ser el primer interesado en que eso ocurra, porque resulta ser el principal destino de quienes buscan ingresar de manera ilegal a ese territorio, y eso solo lo pueden hacer quienes disponen de recursos suficientes para pagar por documentos oficiales fraudulentos.

Aunque el Tribunal avaló la solicitud del Ministerio Público de expulsar a Bitkov del país, esa medida queda en suspenso, debido a la petición que este hizo de refugiado. El desenlace será una brasa para el presidente Jimmy Morales, cuyo gobierno deberá decidir si respalda la postura de la justicia y los reclamos de Rusia para extraditar a Bitkov o si le concede quedarse en Guatemala como refugiado.

Queda en manos del alicaído Ministerio Público iniciar una profunda investigación sobre un caso de corrupción añejo pero poco combatido, con el agravante de que sus repercusiones recaen en la seguridad de naciones amigas.