Conforme pasan los días, nos vamos enterando cada vez más de las propuestas de Joe Biden para el Triángulo Norte, y todo apunta a que él y su equipo se esforzarán por lograr que la emigración hacia Estados Unidos alcance proporciones inconcebibles. Por supuesto, no lo dicen así y probablemente hasta ellos mismos estén convencidos de que no lo están haciendo, pero les puedo garantizar que el resultado de sus políticas será emigración masiva.

Una de las primeras acciones que tomaron fue eliminar los ACA, lo que considero correcto ya que esos acuerdos eran violatorios de muchos derechos, pero tampoco es como que hayan servido para desincentivar mayor cosa la emigración hacia Estados Unidos. Fueron más show que otra cosa.

Esta fue una de las primeras acciones que se tomaron como consecuencia de la Orden Ejecutiva firmada la semana pasada por el presidente Biden para establecer un marco de referencia para supuestamente “enfrentar las causas de la migración desde el Triángulo Norte”.

Pero la parte más importante de la Orden Ejecutiva es donde Biden plantea el orden de prioridades que su administración les da a las respuestas para atacar las supuestas raíces de la emigración hacia Estados Unidos, las cuales enumera así: a) el combate a la corrupción, fortalecer la gobernanza democrática y promover el estado de derecho, b) promover el respeto de los derechos humanos, los derechos laborales y una prensa libre, c) contrarrestar y prevenir la violencia, las extorsiones y otros crímenes perpetrados por pandillas criminales, redes de trata y otros grupos del crimen organizado, d) combatir la violencia sexual, la violencia basada en el género y la violencia doméstica, y e) abordar la inseguridad económica y la desigualdad económica.

Lamentablemente, la administración Biden les da una prioridad equivocada a las supuestas razones de la migración, al grado que la principal razón por la que la mayoría de las personas emigra de los países de la región, la económica, se menciona de último y, aún allí, de manera no muy convincente. Esto cambia incluso la visión del embajador Popp que, como se recordará, durante su audiencia de confirmación en el Senado y entre las primeras declaraciones que dio cuando llegó al país, manifestó que el desarrollo económico en Guatemala debiera ser la primera prioridad, luego los temas de seguridad y después los temas de la administración pública y la corrupción. Con esta Orden Ejecutiva, la administración Biden les da vuelta a estas prioridades, y al embajador no le queda otra que obedecer sus instrucciones.

Y no digo que las cosas que Biden menciona no sean importantes, simplemente que, aun presumiendo que lograran algún avance en esos objetivos —cosa por demás dudosa, tomando en cuenta sus resultados anteriores—, ello no impedirá que muchísimos guatemaltecos sigan sin encontrar un empleo con el cual satisfacer sus necesidades y decidan emigrar, porque esas prioridades no buscan resolver el problema toral.

Al final, como queda claro en la Orden Ejecutiva, la administración de Biden utilizará el tema de la lucha contra la corrupción como su caballito de batalla para imponer sus intereses en el Triángulo Norte. La gran ironía es que en la encuesta de AP-NORC —que la semana pasada alardearon con bombos y platillos porque según ella el 61 por ciento de los estadounidenses aprobaba la manera como Biden realizaba su trabajo en los primeros días— solo el 18 por ciento de los estadounidenses dijo que tenía “mucha confianza” de que Joe Biden pueda “reducir el grado de corrupción en el gobierno en Washington”. ¿Será este un caso más de “candil de la calle, oscuridad de su casa”?