La lista Engel, que fue “filtrada” convenientemente por algún funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos la semana pasada, finalmente fue publicada oficialmente esta semana, causando gran revuelo en los cuatro países del norte de Centroamérica a los que está dirigida: Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.

La sección 353(b) de la Ley de Compromiso del Triángulo Norte requiere al Departamento de Estado la presentación de “un informe que identifique a personas en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: personas extranjeras que el Presidente haya determinado que han participado, a sabiendas, (1) en acciones que socavan los procesos o las instituciones democráticas; (2) en corrupción significativa; y (3) en la obstrucción de las investigaciones sobre dichos actos de corrupción, incluidos la corrupción relacionada con los contratos públicos; el soborno y la extorsión; la facilitación o transferencia del producto de la corrupción, incluso mediante el blanqueo de dinero; y actos de violencia, acoso o intimidación, dirigidos a los investigadores de la corrupción gubernamental y no gubernamental”. Ese informe es al que se le denomina “Lista Engel”, en honor del exrepresentante que la propuso, que luego de estar muchos años en el Congreso, en la elección más reciente no logró siquiera ganar la nominación de su partido.

Como bien lo explica el párrafo anterior —tomado del mismo informe—, esta es una lista política hecha por políticos —“el presidente ha determinado”—. No es un castigo moral ni mucho menos una acusación judicial o penal. Es un reflejo de los intereses de los funcionarios que temporalmente la elaboran y los grupos de interés afines. Si no me cree, solo pregúntese: si Trump fuera ahorita el presidente de Estados Unidos, ¿estarían las mismas personas en la lista?

Eso no significa que, efectivamente, no haya casos de personas que merecen un señalamiento moral, ser llevadas a juicio y que, una vez allí, sean condenadas por los crímenes que cometieron. Pero ese no es el propósito de la lista.

Hasta el cansancio he defendido la importancia del debido proceso, al grado de que estoy convencido de que se le debe respetar aun al peor de los delincuentes y criminales. Hasta a aquellos que se puede ver a todas luces que son corruptos y que han robado dinero de los tributarios —la mayoría de los políticos, funcionarios y “contratistas” del gobierno, desde mi perspectiva—.

Sí, hasta a ellos se les debe probar que son corruptos, lo que, en todo caso, si es tan obvio, no debiera ser complicado hacer, pero se debe probar en un juicio. Porque respetar el debido proceso aun a los peores criminales nos asegura a los inocentes que no vamos a ser injustamente juzgados y condenados por hechos que no hemos cometido. Esa es la importancia del debido proceso.

Y esto es todavía más importante cuando el mismo informe presenta como su principal fuente —y la única que menciona— a notas de medios de comunicación: “Este informe incluye a los individuos que el Secretario ha determinado que han participado en la actividad pertinente sobre la base de información creíble o alegaciones de la conducta en cuestión, a partir de la información de los medios de comunicación y otras fuentes”.

¿Qué efectos tiene la inclusión en la lista? La única implicación legal es que el Departamento de Estado le revoca su visa, en caso la tuvieran, y, consecuentemente, no se les permite entrar a Estados Unidos. Fuera de esto tiene un peso con respecto a la vida en sociedad de las personas nombradas, ya que muchos los van a considerar, automáticamente, culpables de los supuestos crímenes que cometieron y los condenarán. De allí, nuevamente la importancia del debido proceso y de acusaciones judiciales, no políticas.