La segunda recomendación de cambios sencillos para reducir los robos tiene que ver con las compras, que es donde se encuentra el grueso de la corrupción. Si esta se logra reducir aquí, aunque sea un poco, todos saldremos ganando. Permítame contarle un par de historias.

Un conocido me contó de una ocasión en la que la empresa para la que trabajaba participó en una licitación, creo que de maquinaria. Su empresa cotizó alrededor de Q50 millones. La otra empresa que participó cotizó arriba de Q85 millones. Era una maquinaria muy similar —creo que hasta de la misma marca—, pero la otra empresa cotizó con un sobreprecio de 70 por ciento. Siendo que ambas empresas cotizaron un equipo igual, lo lógico es que su empresa ganara la compra. Sin embargo, la comisión a cargo de adjudicar la compra le empezó a poner peros a su cotización.

Poco faltó para que la descalificaran por el color de la tinta del lapicero con que la habían firmado, pero como no encontraron nada válido para descalificarla, al final se sacaron de la manga que solo la habían autenticado al final, mientras que, según la junta calificadora, se debían autenticar todas y cada una de las hojas. Ellos argumentaron que en ninguna parte de las bases se especificaba eso, pero la junta calificadora se “sentó en su macho” y los descalificaron. Zanjada esa “contrariedad”, la junta calificadora felizmente adjudicó el contrato a la empresa que había cotizado Q35 millones de más por el mismo equipo.

Esa es una historia real de hace algún tiempo, pero no hay que ir muy lejos. Hace poco adjudicaron la repavimentación de la pista de taxeo del aeropuerto La Aurora. Participaron cuatro empresas en la licitación. Una ofertó Q27.3 millones, otra Q27.9 millones, otra Q33.9 millones y otra Q43.5 millones. ¿Cuál empresa cree que ganó? La más cara, la de Q43.5 millones. Las otras tres no fueron bien “calificadas” por la Junta de Licitación. ¿Será que no llenaron algún requisito burocrático? No tengo idea, pero esa adjudicación me huele mal.

Tomando estos dos ejemplos, propongo que, para reducir la corrupción, se tome como norma general —igual de pétrea que la de la semana pasada— que en cualquier compra en la que la propuesta que gane no sea la que haya ofertado el precio menor, salten todas las alarmas, y el sistema de Guatecompras avise automáticamente a la Contraloría General de Cuentas, al MP, a todos los medios de comunicación y a cuanta organización o persona individual “protransparencia” se quieran apuntar a revisarlas. El proceso se debe detener y no podrá continuar hasta que la CGC y el MP no hayan dado su aval.

Yo entiendo que no en todos los casos puede ganar la propuesta más barata, y que hay otros factores, como, por ejemplo, de calidad, que se deben tomar en cuenta. Pero lo que no me parece es que nos obliguen a los tributarios a pagar Q35 millones de más, solo porque una empresa “no autenticó todas las hojas” —especialmente cuando esto solo es una excusa para darle el contrato al que le va a “repartir” Q15 millones a los que se lo adjudican—.

Lo importante es que, si se va a adjudicar a quien ofertó un monto mayor, se debe justificar ampliamente, porque haya razones técnicas que lo ameriten, y no simplemente porque el que ofreció hacer lo mismo por Q15 millones menos firmó la propuesta con lapicero rojo. Si resulta que el color del lapicero —por decir cualquier otra tontería burocrática— es el factor por el cual no le pueden asignar la compra y eso “no se puede solventar”, pues que se declare desierta la compra y se vuelva a convocar, pero ahora con un precio de referencia del que cotizó el precio menor.

¿Qué tan difícil será hacer este sencillo cambio?