La corrupción puede tomar muchas formas, pero casi siempre tiene, en su origen, el poder discrecional de los funcionarios. Sea que lo utilicen para decidir quién ganará una compra, a quién se le asignará un contrato, si se autoriza o no un trámite, una licencia o un permiso, lo importante en este caso es esa discrecionalidad que tienen para decidir sobre algo que puede ser muy beneficioso o dañino para otros. Ese es el verdadero origen de la corrupción. Parece sencillo y fácil de resolver, pero los corruptos siempre encuentran cómo jugarle la vuelta a cualquier disposición que trate de quitarles el mango del sartén. He ahí el meollo del asunto.

Yo le he dado muchas vueltas a este tema y se me han ocurrido cosas sencillas, de sentido común, que de seguro se les han ocurrido a mil personas antes, pero que hasta la fecha siguen sin implementarse. Propongo aquí, ya sea para el actual gobierno o para el que viene, un par de trucos sencillos que podrían reducir considerablemente la corrupción —hasta que los pícaros encuentren cómo jugarle la vuelta, cuando habrá que ingeniarse una nueva trampa—.

El primero es algo que vengo proponiendo desde hace tiempo: el “silencio administrativo positivo”. Ese es un nombre rimbombante que lo único que implica es que si se termina el plazo en el que le tendrían que decir si se autoriza un trámite o se lo rechazan, y no le han contestado, se toma como que la respuesta es positiva. Supongamos, por ejemplo, que usted necesita un permiso, sea para construir un cuarto, cortar un árbol, construir un edificio o vender un producto. Lo más probable es que ni le digan cuánto tiempo podría tomar el trámite, simplemente le dirán algo así como que “venga a ver el mes entrante cómo va”. Usted regresa al mes y su expediente no ha caminado. Si usted alega, puede que en su misma cara agarren el expediente y lo pongan debajo de todos los demás. Puede que no sean tan descarados, pero téngalo por seguro que cuando usted dé la vuelta, lo harán. Y así pueden hacerle varias veces, hasta que, cuando vean que usted ya está desesperado, propongan el tradicional: “pero lo podemos ‘arreglar’ de otra manera”. Y así se consuma casi todos los días más de algún caso de corrupción.

¿Cómo resolverlo? Estableciendo claramente el tiempo que se va a tardar un trámite, sean dos días o 90, mientras menos mejor, pero por lo menos que esté claro desde un principio cuánto tardará, y si en ese tiempo no le dan una respuesta, el trámite queda automáticamente autorizado. Esto no es nuevo, y lo peor es que en muchas dependencias gubernamentales supuestamente así es como funciona la cosa. Pero resulta que los funcionarios pueden hacer uso de “excepciones”, con lo cual realmente se pueden tardar lo que se les dé la gana hasta que lo desesperen.

De allí que el cambio sencillo que hay que hacer es quitar las “excepciones” y que todos los plazos sean fatales y pétreos, cual artículo constitucional. Así se logrará reducir en algo la corrupción “menuda” en los trámites. Por supuesto que los pícaros siempre encontrarán cómo darle la vuelta y muy probablemente a lo que recurran entonces sea a denegar los trámites y licencias, para obligar a las personas a rehacer el trámite varias veces, hasta que finalmente caigan en la cuenta de que no se los van a autorizar hasta que no “se arregle la cosa”. Ante esa posibilidad también se debe dejar claro que, si un trámite es rechazado más de dos veces, debe pasar a una instancia superior a revisión, y si se comprueba que fue denegado incorrectamente, se sancione al responsable. ¿Muy complicado? Probablemente, pero es peor lo que tenemos actualmente.

En un artículo posterior plantearé otro cambio sencillo que puede ayudar en este proceso de erradicar la corrupción. Mientras tanto, ¿será que alguien se animará a hacer este cambio tan sencillo?