La condena emitida el pasado viernes por el juez Miguel Ángel Gálvez de 30 meses de prisión contra Édgar Barquín, la cual quedó en suspenso, produjo reacciones encontradas entre diversos sectores. Para algunos es un castigo leve porque se trata del involucramiento en hechos de trascendencia de figuras de alto rango en instituciones estatales importantes.

Otros, en cambio, la consideran un castigo ejemplar, por las posibilidades de depuración para el sistema que conllevan esas sentencias, porque más allá de los cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, también dictaminada por el juzgador, queda una sanción condenatoria que, a juzgar por lo ocurrido en las últimas elecciones, le dificultará cualquier posibilidad al excandidato vicepresidencial del partido Líder.

Puede calificarse entonces como un castigo leve por las implicaciones en el abuso de poder para trasladar información privilegiada a una persona sobre la que también pesan serios cargos criminales, entre ellos lavado de dinero, si se toma en cuenta que eso ocurrió cuando el condenado ocupaba la presidencia del Banguat, lo cual se traduce en tráfico de influencias.

Desde otro punto de vista se puede ver como un triunfo de la justicia, porque este es uno de los casos más relevantes del año anterior, cuando altas figuras de la administración pública fueron señaladas de actos de corrupción, por lo que esta es la primera resolución condenatoria que se obtiene en un hecho que involucra a funcionarios de relevancia.

Lo que debe preocupar es que estas medidas pueden repetirse, porque otras figuras de conductas igualmente repudiables enfrentan procesos y podrían acogerse al mismo procedimiento, lo cual generalizaría la idea de que la vergüenza pasa pero los beneficios de las inmoralidades quedan.

Por eso es que se justifican las críticas a esos fallos, pues se trata de figuras de gran influencia en la administración pública y cabe recordar que Barquín incluso estuvo entre los punteros para hacer gobierno junto a Manuel Baldizón, lo cual oportunamente logró detenerse, precisamente por su procesamiento.

Si bien en la batalla contra la impunidad esta condena constituye un triunfo, también lo es que este tipo de medidas despiertan suspicacia. Cuesta mucho comprender que se aplique la pena mínima contemplada por la ley, que esta sea inconmutable y el culpable vaya directamente de regreso a su casa, con la amonestación de no incurrir en ningún acto reñido con la ley durante los próximos cinco años, para que el beneficio se mantenga.

Sin duda, en países con una legislación más avanzada esto puede ser mucho más razonable, sobre todo cuando los acusados no tienen antecedentes de criminalidad, como es el caso comentado hoy. Pero en un país como Guatemala, donde el abuso en los cargos públicos es una práctica común, resulta menos comprensible que no se aplique la ley con riguroso celo, a fin de que pueda servir como disuasivo a los funcionarios. No se debe correr el riesgo de que el mensaje implícito sea que el crimen sí paga.