Ante la infamia de los políticos guatemaltecos, lo vimos en los diputados que arroparon al presidente o los que legislan a favor de la impunidad, brillan aún más estos nombres, “inscritos en el libro de la vida”, por ser “Constructores de la Justicia”: Juan Francisco Sandoval Alfaro, fiscal especial contra la Impunidad del MP;  Juan Solórzano Foppa,  superintendente de la SAT; María Eugenia Mijangos, magistrada presidente del Tribunal Supremo Electoral; Axel Romero, viceministro de Prevención del Delito; Carlos G. Ruano Pineda, juez del Tribunal Noveno de Sentencia Penal; Haroldo Vásquez, juez y presidente de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad;  Nydia Arévalo, directora del Instituto de la Defensa Pública Penal; Jazmín Barrios, jueza del Tribunal de Mayor Riesgo A;  Miguel Ángel Gálvez, juez de Mayor Riesgo B;  y Francisco Rivas, ministro de Gobernación.

El reconocimiento lo hizo el Instituto Centroamericano de Estudios para la Democracia Social, en un momento muy oportuno, cuando las mafias incrustadas en el Estado se reacomodan y atacan con alevosía, sobre todo ahora que el Ejecutivo y Legislativo las alientan, junto con algunos medios de comunicación y algunos intelectuales urbanos, voceros oficiosos de los corruptos.

“Estos personajes emblemáticos están siendo criticados por su trabajo en el fortalecimiento del sistema de justicia”, al igual que otros, como quedó demostrado en el virulento ataque perpetrado desde el Ejecutivo en contra del jefe de la Cicig, Iván Velásquez, y en contra de Thelma Aldana, jefa del MP, quienes emprendieron “una extensa persecución penal de estructuras criminales enquistadas en el Estado”.

Ellos tienen claro el norte: perseguir al crimen organizado y a los cuerpos ilegales que mediante la clase política cooptaron las instituciones, comenzando por la Presidencia, hasta las alcaldías; combatir la impunidad y la corrupción, aunque las autoridades actuales se empeñen en obstruir la justicia; fortalecer la débil institucionalidad del país, “producto de muchos años de control de élites ambiciosas, de violencia militar, 36 años de conflicto armado interno y del genocidio. Esta tarea es de tal dimensión que debemos buscar toda la colaboración posible, dentro y fuera de nuestro territorio”, como el valioso apoyo de la Cicig.

Ellos trabajan “para consolidar y fortalecer un estado de Derecho justo y democrático”, por eso están librando una lucha tenaz contra los corruptos, que poco a poco la ciudadanía se va enterando de quiénes son y dónde están; van desenmascarando las estrategias de impunidad que se articulan desde los partidos políticos y el Congreso; y van derrumbando estructuras de privilegios que han estado al servicio de algunos sectores, que hoy bloquean las reformas constitucionales para seguir con sus mismos privilegios.

El instituto Demos, al reconocer la labor profesional y ética de estos diez personajes procedentes de diversos organismos del Estado, afirmó que “la justicia, como valor supremo y columna vertebral de una sociedad democrática, debe fortalecer el conjunto de pautas y criterios que establecen un marco adecuado para las relaciones entre personas e instituciones”. Por eso, en las circunstancias actuales del país es urgente que “la alianza estratégica de las instituciones de justicia con la ciudadanía se base en la confianza y el respeto mutuo. Para ello necesitamos operadores de justicia, probos y eficientes”, como los homenajeados en el marco de “Iniciativas por la paz y la Democracia”.

Cuando los corruptos se blindan, es deber de la ciudadanía apoyar los esfuerzos por desarticular las estructuras que favorecen un Estado de privilegios e impunidad, y es obligación de la autoridad facilitar instituciones y operadores de justicia, comprometidos y entregados a fortalecer e impartir justicia.

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