El lunes pasado se dio el banderazo inicial del proceso de la consulta popular necesaria, por razones constitucionales, para conocer si los guatemaltecos aprueban ir a la Corte Internacional de Justicia para solucionar de manera definitiva el diferendo  territorial con Belice, y de esa forma hacer los esfuerzos finales para un veredicto positivo a los intereses nacionales. De nuevo, Guatemala transita por la vía de la corrección y la legalidad, lo cual desafortunadamente no es suficiente cuando hay intereses ajenos. Se trata de un ejercicio no libre de dificultades en esta última y crucial etapa. En resumen, Guatemala está sola y Belice tiene el tradicional apoyo del Caribe de habla inglesa.

Es necesario conocer desde ya los valladares, para de esa manera prever con alguna posibilidad de éxito cómo será lo principal: la mayor participación ciudadana posible, dadas las circunstancias del país. Empecemos con el texto de la pregunta: “¿Está usted de acuerdo que cualquier reclamo legal de Guatemala contra Belice sobre territorios continentales e insulares y cualesquiera áreas marítimas correspondientes a dichos territorios sea sometido a la Corte Internacional de Justicia para su resolución definitiva y que esta determine las fronteras de los respectivos territorios y áreas de las partes?” Este texto de 50 palabras, absolutamente técnico, resulta poco o nada comprensible para los ciudadanos, y por ello debe ser explicado en su significado.

No será permitido al Gobierno emplear recursos públicos para propaganda al respecto y por ello la divulgación correrá por cuenta de donaciones particulares, a mi juicio casi imposibles de conseguir. Veo una trampa sutil: no se podrán publicar resultados de encuestas antes de 15 días del 18 de marzo, y esta prohibición no parece tener efectos, porque la decisión de participar o no será tomada muy temprano por los ciudadanos. Sin embargo, queda un mal precedente para las elecciones generales, al eliminar, de hecho a las encuestas serias como forma de información política válida. Todos los políticos, temerosos de la divulgación de cómo piensa el votante, usarán esta prohibición como pretexto para agregarla a la Ley Electoral.

Las consultas anteriores tienen datos válidos. En la de mayo del 93 participó el 16%, es decir 546 mil personas de un total de 3.438 millones inscritos. En la de septiembre del 93 votó el 8.5%, 758,000 personas, de 4.085 millones inscritos. En la elección general anterior, en 2ª vuelta, participaron 4.253 millones, y en 1ª vuelta, 5.4 millones. Al aplicar ese 8.5% de participación en consultas al número actual de empadronados, 7.556 millones, la cifra es de 438 mil personas. En vista del costo de Q300 millones, ello significa gastar por cada voto 385 quetzales. El éxito de la participación debe medirse según las cifras de las consultas anteriores. Lograr 20% sería sorprendente y aun así sería la voluntad de uno de cada cinco empadronados. (Cifras redondeadas).

En los departamentos de Occidente y el Norte, o en el altiplano, difícilmente el 5% de la población conoce en persona el mar. Pensemos en Todos Santos, en Tactic, en Xenacoj, en Acasaguastlán. Un viaje al Pacífico, “al puerto”, es solo deseo para la mayoría, y se le pregunta sobre “territorios continentales e insulares”. Los beneficios de la consulta no tendrán la inmediatez necesaria para hacer atractiva la participación. Por eso los esfuerzos de divulgación deben estar sobre todo dirigidos a las áreas urbanas y a los jóvenes. Guatemala por fin llegó a esta etapa, pero las posibilidades de lograr una resolución positiva siguen estando en una cima muy alta. Pese a todo ello, se debe enviar el simple mensaje: “vote por el SÍ.” Es fácil, si se logra el financiamiento.