Cualquier hecho de corrupción es repudiable, pero hay actos en los que las ambiciones rebasan cualquier rasgo de impensable inmoralidad y adquieren visos de criminalidad cuando se pretende obtener recursos en forma infame y perversa, sin ninguna consideración y aun a costa de poner en riesgo o acabar con la vida de miles de personas inocentes.

Eso se deduce del más reciente caso de corrupción descubierto por el Ministerio Público en el Ministerio de Agricultura, del gobierno anterior, cuyas máximas autoridades, avaladas por las más altas esferas patriotistas, manipularon información y hasta emitieron un decreto gubernativo para hacer compras de maíz y frijol en cantidades millonarias, sin duda a sabiendas de que había de por medio acciones ilegales.

En el 2014, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti promulgaron un estado de Calamidad para que el Ministerio de Agricultura pudiera hacer compras directas de granos básicos por valor de Q492.9 millones, pero esa suma nunca se utilizó para adquirir el producto descrito, sino para obtener otro de pésima calidad y de contrabando.

Esas adquisiciones fueron mucho más graves, pues el maíz comprado a contrabandistas estaba, además, en mal estado y ni siquiera era apto para el consumo de animales, mucho menos de personas, y en un alarde de populismo el régimen patriotista había entregado 1.5 millones de cupones para repartir los granos entre ciudadanos de escasos recursos económicos.

Además de lavado de dinero, testaferrato, asociación ilícita y contrabando, una horrible constante en muchos de los casos de corrupción, este nuevo hecho incluye contra los sindicados la acusación de envenenamiento de agua o de sustancias alimenticias, cargo que debe ser juzgado con severidad por todas las implicaciones inherentes en el riesgo que corrieron quienes hayan consumido esos productos.

Por supuesto que para incurrir en esos incalificables hechos es necesario elaborar todo un entramado oficial para que pueda funcionar sin obstáculo alguno. Eso empezó con la promulgación del acuerdo gubernativo 3-2014, para decretar el estado de Calamidad, que en esencia abría las puertas a las compras directas cercanas a quinientos millones de quetzales, escandalosa cifra que aún ahora resulta difícil de asimilar.

Resulta contundente cuando se presenta este tipo de investigaciones que desnudan acciones de corrupción tan descomunales como esta, que es difícil creer que puedan cometerlas personas en su sano juicio. Se hace evidente que una erogación de esa naturaleza solo puede ser posible cuando se cuenta con el aval de las más altas autoridades gubernamentales, a causa de su facultad de incluso promulgar acuerdos gubernativos para allanar obstáculos.

También aflora otra realidad mucho más triste, y es la que desnuda a políticos aturdidos y cegados por el poder que no miden las consecuencias de sus actos inmorales e ilegales, y por ello pueden manipular o autorizar compras con el principal objetivo de enriquecerse de manera perversa, sin importarles en lo más mínimo la salud de miles de pobladores de toda edad.