El senador demócrata Patrick Leahy expresó ante sus pares del Congreso de Estados Unidos su preocupación sobre el futuro de Guatemala y el estado de Derecho, a la vez que ratificó su pleno respaldo a la batalla que libran la fiscal general, Thelma Aldana, y el comisionado Iván Velásquez en contra de la corrupción, en un esbozo de la dolorosa realidad de la actual coyuntura nacional.

Su apoyo a esos esfuerzos permite conocer que desde el exterior se tiene la imagen de un país que se debate en la lucha por librarse de mafias enquistadas en el Estado, pero también en la que otros sectores, lejos de apoyar esos esfuerzos, invierten tiempo y recursos en demeritar esa batalla, algo en lo que también abona el presidente Jimmy Morales, con un discurso contrapuesto a las preocupaciones de quienes ven la necesidad de corregir el rumbo.

El senador Leahy, como muchos otros diplomáticos y funcionarios estadounidenses, tiene clara la fragilidad en la que se desarrolla la democracia guatemalteca, y por eso en su discurso remarcó la importancia de mantener el estado de Derecho, porque lo considera una excepción y no la regla, donde la mayoría de la población ha estado marginada de la justicia.

El retrato que él tiene del país lo complementó diciendo que “las fuerzas armadas y sus benefactores han evitado con éxito la justicia, amenazando a los fiscales y testigos, y sobornando jueces”. Una apreciación que puede no ser exagerada para quienes conocen el modo de operar de la mayoría de nuestras instituciones.

El perfil de ese triste retrato se integra con la enumeración de otros ilícitos, como el narcotráfico, las pandillas, el contrabando y la delincuencia organizada, que se erigen como una seria amenaza para las instituciones y para quienes encabezan los esfuerzos por ganarle terreno a la criminalidad, algo que no solo califica de difícil, sino también de peligroso.

Sin embargo, la mayor preocupación del dignatario estadounidense es que ante esas expresiones del crimen solo Aldana y Velásquez han enfrentado de manera valerosa e independiente ese desafío, y lejos de apoyarlos son blanco de ataques y amenazas, lo que le da sentido a la denuncia de Leahy de que el presidente Jimmy Morales pueda oponerse a la renovación del mandato del actual comisionado de la Cicig, lo cual considera un verdadero valladar para el estado de Derecho.

Ese, a grandes rasgos, es el retrato que surge de la exposición de Leahy del pasado martes en Washington, aunque sus palabras, lejos de ser respaldadas y compartidas por las autoridades guatemaltecas, más bien han sido recibidas con indiferencia y desafío, pues en respuesta el mandatario del país declaró que “no quiere sacar a Velásquez… aunque podría hacerlo”, y agregó que “nadie tiene su puesto garantizado”.

Palabras desafortunadas que reflejan la profunda falta de criterio en el Ejecutivo y de una mala asesoría, como para no saber que esas afirmaciones son incorrectas y en caso el presidente diera un paso en ese sentido eso sería peor para su Gobierno, pues la actual coyuntura lo único que demanda es el respaldo decidido a los esfuerzos por erradicar la corrupción, cuyos tentáculos, por lo que se ve, siguen intactos.